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Abstract
El año 2000 comenzó a regir en Chile un nuevo sistema procesal penal, cuya norma fundamental es el Código Procesal Penal. Este nuevo sistema tuvo como uno de sus componentes principales una regulación estricta destinada a garantizar la completa autonomía del imputado en su participación en el proceso.
Antes de la vigencia del mencionado Código, el sistema chileno descansaba en buena medida en el uso de diversos mecanismos destinados a obtener la colaboración del imputado, en general bajo la forma de su confesión. Estos mecanismos incluían desde la tortura policial, que si bien estaba formalmente prohibida en la práctica se toleraba bastante abiertamente; la incomunicación, que consistía en el encierro del imputado por orden del juez de instrucción en una celda de castigo por hasta diez días; la prisión preventiva, que solía usarse como forma de presión dado que ella se decidía por el mismo juez que buscaba esclarecer y probar el delito; y , un interrogatorio judicial donde no estaba reconocido formalmente el derecho a guardar silencio y donde el imputado se enfrentaba al juez investigador sin defensor y sin mayor acceso a la información sobre los cargos en su contra.