Resumen

La materia penal y penitenciaria es especialmente rica en principios informadores derivados de las grandes declaraciones de derechos humanos y no puede ser de otra forma, si se toma en cuenta que la pena y especialmente la pena de prisión, son las intervenciones estatales más duras sobre los derechos fundamentales. Por eso sus límites, deben ser especialmente rigurosos y se establecen en textos, tanto nacionales como internacionales, que tienen su referente último en el respeto de la dignidad humana (arto.5.Cn.). Es desde esta perspectiva, que se producen las primeras reformas de las leyes penales en nuestro país, creándose la figura del juez de ejecución de la pena y vigilancia penitenciaria (arto.403 C.P.P), a fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 27 de la Constitución; en atención al estado de privación de libertad en que se encuentran las personas que cumplen este tipo de condenas y admite que los derechos constitucionales de la mismas, pueden ser objeto de limitaciones que no son de aplicación a los ciudadanos comunes, a esto se debe a que exista una relación de sujeción especial sobre los privados de libertad (arto.407 C.P.P.). Se ha identificado una relación especial de sujeción, dice Gómez Pavejeau (2007,p.27) que surge entre el Estado y las personas privadas de libertad internadas en un centro carcelario, la cual tiene ya una importante configuración en la jurisprudencia constitucional.
Palabras clave: privados de libertad, Nicaragüa