Rev. Ciencias Sociales 177 / 2022 (III)
ISSN Impreso: 0482-5276 ISSN ELECTRÓNICO: 2215-2601

Acciones colectivas y conflictos sociales alrededor de los territorios y bienes comunes en la ruralidad costarricense en tiempos de pandemia

Collective actions and social conflicts around territories and common goods at the Costa Rican countryside in pandemic times

Andrés Cambronero Rodríguez*
Daniel Fernández Vásquez**

Tipo de documento: revisión bibliográfica

Resumen

Este artículo brinda una mirada sobre los conflictos sociales que se han mantenido en Costa Rica durante la pandemia producida por la Covid-19 (enero de 2020 y diciembre de 2021). Para esto se consideraron las acciones colectivas registradas y las experiencias del “Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas”, con lo que se logró identificar cuatro ejes de conflicto en este período: a) la demanda de derechos y defensa de los territorios indígenas, b) comunidades en defensa del agua y el ambiente, c) proyectos de ley que amenazan los bienes comunes, d) conflictos laborales y contaminación en la producción de monocultivos.

Palabras Clave: Conflicto Social * Comunidad * Derechos Humanos * Ambiente * Pandemia

Abstract

This paper provides a look at the social conflicts that have taken place in Costa Rica during the Covid-19 pandemic (January 2020 and December 2021). This study comes from the registered collective actions and the experiences of the “Community Observatory of Collective Actions.” Based on this data, four axes of conflict were identified during this period: a) The demand for rights and defense of indigenous territories, b) Communities in defense of water and the environment, c) Draft laws that threaten common goods, d) Labor conflicts and pollution in the production of mono-cultives.

Keywords: Social Conflict * Community * Human Rights * Environment * Pandemic

“La idea generalizada de que la pandemia del nuevo coronavirus

detuvo al capitalismo solo puede venir de quienes tienen una miopía

que no nos permite ver qué es lo que realmente sustenta la dinámica

del capital hoy” (Malheiro, Micheloti y Guedes, 2020, p. 34).

* Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica.

Departamento Ecuménico de Investigaciones, Sabanilla de Montes de Oca, San José. Costa Rica.

andres.pjc@gmail.com

** Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica.

Departamento Ecuménico de Investigaciones, Sabanilla de Montes de Oca, San José, Costa Rica.

daniel.fernandezvasquez@ucr.ac.cr

1. Introducción

La pandemia a causa del virus SARS-COV-2 ha impactado en la vida social, cultural, política y económica del mundo. Esto incluye los procesos de organización y en la protesta social (Preciado, 2021; Alvarado et al., 2021). Sin embargo, la bibliografía, las experiencias, los diálogos y las acciones colectivas llevadas a cabo en Costa Rica y América Latina señalan un mantenimiento de diferentes formas de protesta y una continuidad en los conflictos en torno a los bienes comunes y los territorios. Conflictos que, cómo se verá con más detalle, presentan configuraciones específicas en las regiones fuera de los centros urbanos, como los son los territorios indígenas y las comunidades rurales y campesinas1.

En este contexto, el objetivo del presente artículo es brindar una mirada de la conflictividad territorial y por los bienes comunes en la ruralidad en Costa Rica, entre enero de 2020 y diciembre de 2021. Para dicho objetivo se parte del trabajo realizado desde el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas2 (OCAC) del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS-UCR), desde el cual se han identificado más de 420 acciones colectivas de protesta vinculadas a la defensa de los territorios y los bienes comunes, durante el periodo mencionado.

El recorrido del artículo brinda en inicio una breve presentación de la metodología y las propuestas planteadas desde el OCAC para la comprensión de la conflictividad social. Posteriormente, se realiza una conceptualización y contextualización de las acciones de protesta en torno a los territorios y los bienes comunes en la región latinoamericana. En un tercer apartado, se brinda una mirada al contexto de los conflictos en Costa Rica a partir de los datos del OCAC entre enero 2020 y diciembre 2021, y finalmente, se comparten algunas reflexiones sobre los conflictos abordados y posibles escenarios para futuros acercamientos.

2. El OCAC: metodología y propuesta

Diversos conflictos vinculados a disputas por bienes comunes y territorios, principalmente en la ruralidad, suelen verse invisibilizados en los medios de comunicación hegemónicos o se visibilizan en estos únicamente en períodos de alta tensión. Considerando esto, la propuesta del OCAC plantea dos líneas de trabajo; por un lado, se da un seguimiento constante de redes sociales de las organizaciones y los medios de comunicación independientes3 para el monitoreo de acciones colectivas.

En esta línea, se ha continuado con la metodología utilizada desde la base PROTESTAS del IIS, diversificando las fuentes y sumando algunas categorías que se han considerado necesarias para el tipo de conflictos y repertorios que se han identificado. Dicha metodología parte del Análisis de Eventos de Protesta (AEP) (Koopmans y Rucht, 2002), y como señalan Cortés, Sáenz, Sánchez y Chavarría:

… se busca identificar un conjunto de categorías relacionadas con: 1) la dimensión espacial y temporal de los eventos; 2) los repertorios (o rutinas) de protesta; 3) los actores demandantes; 4) las demandas; 5) los actores demandados; y, 6) la respuesta de estos últimos a las protestas (2021, p.13).

Sumado a esto, se mantienen estrategias de vinculación con otros proyectos de la Universidad de Costa Rica para la construcción de espacios de diálogo con organizaciones sociales. Esto ha permitido conocer las experiencias de las personas que llevan a cabo las diferentes acciones registradas. Lo anterior amplía la mirada sobre los diversos conflictos y sus implicaciones tanto a nivel social, como comunitario y personal.

A través de este trabajo de monitoreo y diálogo, a lo largo de dos años (enero 2020 a diciembre 2021), se han registrado 850 acciones colectivas llevadas a cabo por diferentes organizaciones y se han elaborado diversos informes (Fernández y Araya, 2020a, 2020b, 2021a, 2021b) y materiales de divulgación. Dicho trabajo se ha mantenido de forma constante y es desde este proceso que parten los datos, los análisis y las reflexiones que se plantean en este artículo.

3. Las acciones de protesta por territorios y bienes comunes en Latinoamérica

Las acciones colectivas de protesta pueden ser comprendidas desde diversas teorías como la psicología colectiva y social (Moscovici, 1985; Fernández, 1994, 2000; Cambronero y Fernández, 2017, 2018), la decolonialidad y el psicoanálisis (Quiroga, 2013; Carmona, 2015). Sin embargo, de las anteriores se pueden destacar dos puntos comunes importantes para este trabajo. Estos son, el reconocimiento del lugar histórico de las acciones colectivas de protesta y cómo estas representan conflictos que van más allá de la acción específica.

En este sentido, se entiende que la categoría de protesta social es una posibilidad para reconstruir la conflictividad social, identificando repertorios de acción, actores demandantes y demandados, demandas, entre otras categorías analíticas (Alvarado y Martínez, 2019). Bajo esta lógica, se pueden plantear las acciones colectivas de protesta como una “forma de acción de carácter colectivo desarrollada por un actor demandante con el fin de plantear un reclamo ante un actor demandado” (Alvarado y Martínez, 2019, p.40).

Estos reclamos a los que se hace referencia pueden verse como pequeñas indignaciones si se analizan de manera aislada, pero dejan esta tónica al ser sistematizados y presentados en un panorama más amplio. Estudiar las tendencias, las dinámicas, los repertorios, las demandas y las demandantes permite reconocer conflictos específicos y estructurales en torno a los cuales se generan las acciones de protesta (Alvarado et al., 2020).

La sistematización de las acciones colectivas de protesta brinda un marco desde el cual es posible ubicar focos de conflicto en espacios temporales y geográficos. Además, consisten en procesos multidimensionales (Quiroga y Mangrini, 2020), que al ser analizados en su conjunto se puede reconocer su historicidad y el lugar de los diferentes actores, sus recursos y discursos. A ello se suman las diversas estructuras de carácter social, político y económico que sostienen dichos conflictos.

En esta misma línea, para comprender los conflictos en los que se hace énfasis en este artículo, es importante describir lo que se va a entender por territorios y bienes comunes. El territorio se reconoce desde la propuesta de Porto-Gonçalves (2009) quien argumenta que:

… el territorio no es algo anterior o exterior a la sociedad. Territorio es espacio apropiado, espacio hecho cosa propia, en definitiva el territorio es instituido por sujetos y grupos sociales que se afirman por medio de él. Así, hay, siempre, territorio y territorialidad, o sea, procesos sociales de territorialización. En un mismo territorio hay, siempre, múltiples territorialidades. Sin embargo, el territorio tiende a naturalizar las relaciones sociales y de poder, pues se hace refugio, lugar donde cada cual se siente en casa, aunque en una sociedad dividida (p.127).

En esta lógica, los territorios, bajo las relaciones sociales y de poder, se encuentran siempre en disputa y construcción. Los conflictos pueden generarse cuando recursos (materiales, simbólicos, económicos y otros) entran en disputa bajo intereses encontrados entre diversos actores.

Dentro de este conjunto de relaciones de lo territorial también se inscriben los bienes comunes, los cuales deben comprenderse dentro de un contexto determinado (Caffentzis y Federici, 2015; Gutiérrez y Salazar, 2015). Estos no son un catálogo definido de recursos que per se son de lo común, por el contrario, están en constante producción bajo relaciones sociales, territorios, donde se generan dinámicas de apropiación y despojo.

Estos corren el riesgo de ser cooptados, privatizados o acaparados por grupos de poder, pasando de lo público a lo privado, o del bien común al individual. En este sentido, Caffentzis y Federici (2015) describen los bienes comunes anticapitalistas como aquellos que se inscriben dentro de una lógica comunitaria, generan riqueza común, se entrelazan con la defensa de lo público y existen acuerdos para su uso y protección. Además, favorecen las condiciones para la reproducción social de la vida (Gutiérrez y Salazar, 2015).

En este marco conceptual se hace necesario también señalar que la pandemia debe ser comprendida como una crisis múltiple (De Luca y Lezama, 2021; López, 2021), para no descontextualizar, ni mucho menos, deshistorizar los conflictos sociales en el actual contexto. Una posición reduccionista y limitada podría argumentar que estos son consecuencia única de las medidas sanitarias, aspecto que dejaría de lado relaciones de poder construidas desde décadas y siglos atrás.

En este sentido, es posible señalar dentro del contexto latinoamericano diversas acciones que responden a la continuación, y en algunos casos, a la profundización de conflictos alrededor de los bienes comunes y los territorios durante la pandemia. Cabe rescatar, que estos deben ser comprendidos desde la lógica histórica y contextual que se ha venido mencionando.

Los territorios indígenas son uno de los principales puntos de conflictividad social y de acciones colectivas de protesta que se han encontrado dentro del contexto de pandemia (López-Fabila, 2020; López, 2021). México, Colombia, Bolivia y Brasil son parte de los países donde se ha incrementado la violencia hacia estas poblaciones. Desde el olvido estatal en las políticas de prevención del Covid-19, la promoción de leyes que atentan contra el intercambio tradicional de semillas, hasta políticas como la del presidente Jair Bolsonaro en Brasil, directas a la invasión y a la violación de derechos de los pueblos indígenas (López, 2021). Se reconoce una continuidad histórica de los abusos y violencias que se siguen perpetuando durante la pandemia.

Ante este contexto, las organizaciones comunitarias, como antes de la pandemia, han construido procesos de resistencia, manifestación y denuncia con el objetivo de proteger sus territorios y bienes comunes (López-Fabila, 2020). Además, denuncian las estructuras colonizadoras y racistas que continúan ejerciendo su violencia en contra de estos territorios. Otras prácticas que se han creado de resistencia y cuidado colectivo son medidas de control territorial autónomo, uso de medicina tradicional-ancestral, agricultura familiar y mingas comunitarias. Asimismo, han elaborado comunicados y denuncias ante el abandono estatal (López, 2021).

Díaz y Viales (2021) desde su mirada en Centroamérica también coinciden en que en esta región las consecuencias económicas y políticas de las medidas sanitarias han recaído sobre las clases medias y bajas de la sociedad. Esto bajo una estructura de desigualdad histórica incrementada con las políticas neoliberales. Dentro de este contexto, las medidas sanitarias se han reconocido como necesarias para mitigar el efecto del virus en un primer momento, sin embargo, con el pasar de los meses, diversos sectores se empezaron a manifestar reclamando derechos o denunciando omisiones o abusos estatales que acrecentaban las condiciones de pobreza y la precariedad laboral.

En Guatemala se presentaron manifestaciones directas contra el Gobierno por la falta de apoyos económicos, desatención en las medidas sanitarias a personas deportadas, y por parte de sectores campesinos e indígenas en contra de las restricciones para la comercialización de alimentos y por la falta de alimentos en sus territorios (Díaz y Viales, 2021). De igual forma, en Honduras y El Salvador se generaron acciones de protesta por la falta de políticas gubernamentales, la limitación al agua potable y por las malas condiciones en centros de salud. Por su parte, en Nicaragua, y debido a las condiciones sociopolíticas actuales, diversos sectores tomaron medidas propias de cuidado ante la desatención del gobierno.

Con lo anterior es posible reconocer un contexto de conflictos en Latinoamérica, que, si bien, no surge a partir de la pandemia, se ha mantenido y en ocasiones agudizado por las políticas y medidas sanitarias tomadas a partir de esta. Estas impactaron directamente a grupos históricamente vulnerabilizados. Asimismo, es posible señalar que, si bien, se han visto afectadas por las medidas, las estrategias de organización y protesta han encontrado vías para manifestarse en los diferentes países.

4. Conflictos sociales alrededor de territorios y bienes comunes en la ruralidad costarricense

En el caso de Costa Rica, las políticas de ajuste estructural de los años ochenta pueden ser tomadas como acciones precursoras de cambios significativos en la dinámica social y de la ruralidad en los últimos cuarenta años. Esto ha tenido efectos en la conformación de políticas que configuran procesos de territorialización y desterritorialización, lo cual ha constituido actores con diversos intereses que producen conflictos, como lo son: el Estado, empresas, personas trabajadoras y comunidades rurales, tanto campesinas como indígenas (Alvarado et al., 2020).

En una historia más reciente, se reconocen leyes para la recaudación fiscal, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ingreso de Costa Rica al Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y políticas en materia ambiental que han generado conflictos sociales en diferentes partes del territorio nacional. A esto, se le deben sumar los efectos de la crisis por la Covid-19.

A partir de la información recolectada desde el OCAC, se han creado cuatro ejes de análisis principales, que se presentarán a continuación: a) la demanda de derechos y defensa de los territorios indígenas, b) comunidades en defensa del agua y el ambiente, c) proyectos de ley que amenazan los bienes comunes, d) conflictos laborales y contaminación en la producción de monocultivos. Es importante señalar que estos ejes no son ajenos unos a otros, por el contrario, convergen. Las delimitaciones son planteadas en función del análisis y la presentación de la información.

4.1 La demanda de derechos y defensa de los territorios indígenas

Los conflictos alrededor de los territorios indígenas en Costa Rica pueden ser entendidos como conflictos de larga duración y alta complejidad, entre otras razones, debido a la inacción sostenida del Estado costarricense para regularizar la situación legal de los diferentes territorios (Alvarado et al., 2020). Sumado a esto es posible identificar desde mediados del siglo XX distintos avances y proyectos de ley que han amenazado la autonomía de los pueblos indígenas sobre sus territorios (Gutiérrez-Sloan y Moya-Aburto, 2018).

A partir de los años noventa, con el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo, se da un aumento en las demandas y los conflictos en territorios indígenas para la aprobación de este. Esta situación se mantiene y en agosto del 2010 grupos indígenas tuvieron una confrontación con la institucionalidad cuando “ante 16 años sin aprobación del proyecto de autonomía, las y los indígenas decidieron ‘tomar’ la Sala de Expresidentes de la Asamblea Legislativa como una forma de presión” (Gutiérrez y Moya, 2018, p.183).

En dicha acción, las autoridades desalojaron de forma violenta a las personas indígenas haciendo uso de la seguridad interna de la Asamblea Legislativa y de la Fuerza Pública. Este evento puede considerarse como un “parteaguas” en los procesos de lucha de las comunidades indígenas. Estas deciden que de forma autónoma realizarán la defensa de los territorios, iniciando poco tiempo después una serie de recuperaciones que se mantienen hasta hoy en día (Gutiérrez y Moya, 2018).

Las recuperaciones de los territorios a lo largo de ya diez años han tenido lugar principalmente en los territorios Bribri de Salitre, Bribri Iríria Sá Ká, conocido como Cabagra, Brörán de Térraba, Cabécar de China Kichá y Yimba Cajc, conocido como Curré (Chaves, 2021). Durante estos procesos se han presentado reacciones violentas por parte de las personas no indígenas hacia las indígenas, las cuales han sido denunciadas de forma constante. Asimismo, existen represiones policiales hacia las personas recuperadoras tal como lo señalan Alvarado, Martínez y Fernández (2020).

Estas acciones de violencia contra las personas indígenas llevaron a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgara en el año 2015, medidas cautelares a favor del Pueblo Bribri de Salitre y del Pueblo Brörán de Térraba. A pesar de lo anterior, las acciones violentas se han mantenido con ataques directos con armas de fuego, quema de cultivos, hostigamiento y amenazas constantes (Chaves, 2021). Entre estos actos se han perpetrado dos asesinatos de personas defensoras de los territorios, Sergio Rojas Ortíz, el 18 de marzo de 2019 y Jehry Rivera, el 9 de febrero de 2020.

Durante los años 2020 y 2021, las denuncias y las demandas desde grupos de personas indígenas se han mantenido de forma constante. En estas es posible identificar al menos cinco sub-ejes de acción. En primer lugar, una exigencia sostenida desde distintas organizaciones por la justicia y cese de impunidad ante los asesinatos de Sergio Rojas y Jehry Rivera.

Como segundo sub-eje se presentan constantes denuncias por amenazas y agresiones recibidas por parte de personas recuperadoras en los diferentes territorios. En esta línea, se registran 77 denuncias por amenazas o agresión por parte de grupos de personas no indígenas hacia las personas indígenas. Es importante rescatar el trabajo realizado por la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), desde donde se reportaron 86 agresiones en contra de personas indígenas solamente durante el 2020, así como amenazas de muerte a 14 personas lideresas de diferentes territorios indígenas y a 2 personas no indígenas (Chaves, 2021).

Dentro de los tipos de violencia que se pueden identificar en este período se ubican incendios, usurpaciones, amenazas, ataques directos (en ocasiones llevados a cabo por grupos de centenares de personas dirigidas por terratenientes que usurpaban los territorios) e, incluso, como se mencionó, un asesinato. Todo esto con una denuncia constante por la incapacidad por parte del Estado costarricense de garantizar derechos y protección a las personas indígenas (Fernández y Araya, 2021a, 2021b; Kioscosambientales, 23 de setiembre de 2021).

En el tercer sub-eje se identifican constantes denuncias ante el accionar por parte de las autoridades en contra de las personas defensoras. Se denuncia que en diversas ocasiones estas han sido reprimidas por la Policía (CLSS, 24 de marzo 2021b) y se han ordenado desalojos en algunas de las recuperaciones (Comunicado Público: Juez reitera desalojo de Yuwi Senaglö, recuperación en Territorio Cabécar de China Kichá, 17 de febrero de 2021). Una de estas órdenes fue detonante de una cantidad importante de acciones registradas durante el periodo de septiembre a octubre del 2020. Sumado a esto, en el informe sobre la violación de Derechos Humanos en los territorios indígenas en Costa Rica elaborado por la CLSS, Chaves (2021) señala que durante el 2020 se dieron al menos 24 incidentes en que la Fuerza Pública estuvo involucrada.

Como cuarto sub-eje, se ubican las acciones directas de recuperación en los territorios (Coordinadora de Lucha Sur Sur, 7 de enero de 2021, 24 de marzo de 2021a, 13 de abril de 2021, 6 de mayo de 2021). En el período abordado, se han mantenido las recuperaciones realizadas en años anteriores, y hay nuevas que se han llevado a cabo en otras fincas. El quinto y último sub-eje es la demanda constante por parte tanto de grupos de personas indígenas como de otras organizaciones por el respeto a los derechos de estos pueblos, así como las garantías para el ejercicio de los mismos. Dicha demanda se presenta siempre en conjunto con las diferentes denuncias realizadas, señalando la responsabilidad del Estado costarricense, que como señala Chaves (2021) puede ser por acción, omisión o aquiescencia.

A partir de lo expuesto hasta aquí, es posible señalar que en el período abordado las diferentes medidas y consecuencias a partir de la pandemia por la Covid-19 parecieran no haber generado ningún tipo de cambio en las dinámicas de la conflictividad en los territorios indígenas. Sin embargo, al escuchar a las personas que forman parte de estos procesos se identifican efectos tanto en las afectividades que se mueven en estos procesos como en el significado de la pandemia. Como señala Pablo Sibar, del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI):

Yo siento, y lo quiero decir así, la muerte de Sergio y la muerte de Jehry sí nos han llenado de miedo. Y si ustedes pueden ver, viene la muerte de Sergio, los hermanos de Chiná [Kichá] se empoderan y comienzan a recuperar, pero luego viene la muerte de Jehry y luego viene la pandemia. Y la pandemia nos terminó de matar, nos terminó de llenar de miedo. Y siempre yo he dicho, el problema más grave es que los pueblos indígenas llevamos más de 40 años de pandemia, porque la pandemia son los terratenientes. Nosotros, ya ustedes nos han escuchado, hay veces no se duerme, a veces uno no sabe que va a pasar (...) hay tantos mensajes que uno no sabe que irá a pasar, uno no sabe quién llega a la casa y entonces uno tiene una enorme desconfianza. Y eso no puede continuar (Kioscosambientales, 23 de septiembre de 2021, 59m57s).

La cita anterior ejemplifica cómo para ellos y ellas la amenaza de muerte no es algo nuevo. Como señala Doris Ríos, la inacción del Estado y la impunidad han sido una amenaza por más de cuarenta años (Kioscosambientales, 23 de setiembre de 2021).

Finalmente, cabe rescatar que aún ante este contexto de constante violencia recibida, se puede percibir desde las experiencias de algunas personas indígenas, como las recuperaciones han “devuelto la vida” a los territorios, han permitido otras lógicas de relación e intercambio y también han sido una vía para fortalecer la identidad de las personas indígenas en los territorios (kioscosambientales, 23 de setiembre de 2021).

4.2 Comunidades en defensa del agua y el ambiente

Los conflictos por el agua en Costa Rica pueden ser mapeados desde el siglo XIX. Muchos de estos han sido debido a la concentración que realizan empresas agropecuarias para sus producciones (Villalobos, 2018). Sin embargo, en las últimas décadas se han sumado las disputas en torno a la construcción de proyectos hidroeléctricos (Zona Norte y Pacífico Sur) y de megaturismo (Guanacaste) (Alvarado et al., 2020). También, se ubican acciones en defensa del agua ante la contaminación generada por empresas dedicadas al monocultivo, principalmente en las Zonas Norte y Caribe del país.

Se registraron un total de 177 acciones vinculadas a este eje desde el OCAC entre enero de 2020 y diciembre 2021. En estas los principales repertorios identificados fueron las denuncias públicas y ante entes de justicia nacionales llevadas a cabo por grupos ambientalistas y por grupos de vecinos y vecinas en diferentes comunidades. A esto se suman, pero en menor medida, manifestaciones y denuncias públicas, dirigidas directamente a instituciones gubernamentales y a empresas privadas.

Durante el período de estudio las acciones colectivas por la defensa del agua y el ambiente pueden ser ubicadas principalmente en torno a la protección de ríos. Dichas acciones han sido registradas en prácticamente todas las regiones del país. En estas, las comunidades se han organizado para evitar y denunciar el dragado, contaminación y desvío de los ríos. Esto principalmente contra empresas dedicadas a la producción de monocultivos, ganadería y quebradores, entre otros. Así mismo, denuncian constantemente la falta de seguimiento por entes gubernamentales que deberían fiscalizar y proteger estos ríos.

En relación con lo anterior, se presentaron denuncias concretas en comunidades del Pacífico Central y Pacífico Sur ante desvíos y dragados de ríos de estas regiones (Grupo de vecinos se organiza para recuperar el Río Lagarto, 7 de marzo de 2020; Solicitan detener dragado ilegal en la Gamba de Golfito, 9 de septiembre de 2020). Cabe resaltar que específicamente en la región del Pacífico Central existen grupos organizados en el tema de protección del agua y, además de generar denuncias, promueven jornadas de reforestación y limpieza de las cuencas como lo fue el caso en el Río Barranca (Salvemos el río Barranca, 4 de marzo de 2020).

Vinculadas a la denuncia de contaminación de ríos, se registraron acciones colectivas en comunidades de Puntarenas (La minería amenaza el agua de pueblos costeros del cantón Central de Puntarenas, 27 de agosto de 2020), Bagaces (Emergencia letal en Bagaces, 11 de julio de 2020), San Carlos (Coordinadora Norte Tierra y Libertad, 24 de mayo de 2020) y Turrialba (Chacón, 24 de junio de 2020) y Aserrí (Observatorio Ciudadano del Agua Río Cañas denuncia maltrato, 8 de octubre de 2020). Sumado a esto, también se generaron denuncias en torno a la extracción ilegal de madera (Preocupación por extracción, 8 de setiembe de 2020) y la entrega de concesiones para minería no metálica (Areneros artesanales de Tempisque bajo amenaza de desplazamiento, 11 de setiembre de 2020). Los actores denunciados en estos casos son en la mayoría de las ocasiones empresas privadas, el presidente de Costa Rica y municipalidades.

Asimismo, se pueden reconocer varias acciones en contra de proyectos hidroeléctricos, especialmente en comunidades del Pacífico Sur, Zona Norte y Turrialba (Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica, 2021). En cuanto a este tema, se hicieron denuncias directas a instituciones gubernamentales y a municipalidades para evitar la construcción de estas empresas, y en el caso específico de Upala, para la extensión de la moratoria que impide el desarrollo de estos proyectos.

Además, en comunidades costeras de Guanacaste (Esquivel, 27 de abril de 2020; FECON demanda sanear Zona Marítimo Terrestre en Marbella de Santa Cruz, 31 de julio de 2020) y el Caribe (Hacen llamado por drenajes y rellenos de humedales en Wesfalia, Limón, 17 de marzo de 2020) han denunciado la contaminación de manglares y humedales. Estos solicitan a las municipalidades, y entes del Estado la intervención directa para evitar esta situación. Lo anterior se encuentra relacionado al desarrollo hotelero en estas zonas.

Una acción importante de considerar es el pronunciamiento que se realiza desde la Federación Conservacionista (FECON) en conjunto con comunidades de la zona sur. Esto por la representación de diversos grupos, las denuncias planteadas, la reflexión de la importancia del agua y las propuestas realizadas (Pronunciamiento en favor del río Grande de Térraba, 14 de marzo de 2021). Por ejemplo, en este se denuncian normas y decretos existentes o planteados que permiten el uso de hasta un 90% del caudal o protegen solamente un 20% del agua de los ríos. Sumado a lo anterior, convocan a organizaciones locales para articular y generar procesos de protección de los ríos como ecosistemas, así como su biodiversidad. Además, reconocen a los ríos como seres vivientes, y agregan, “como habitantes de pueblos ribereños, declaramos su derecho a existir dignamente, al equilibrio ecológico de sus aguas, y a ser defendido por los pueblos que habitamos en su cuenca” (Pronunciamiento en favor del río Grande de Térraba, 14 de marzo de 2021, párr. 12).

En relación con este pronunciamiento, la Coordinadora Norte, Tierra y Libertad reconoce en un comunicado el agua como un bien común, el cual debe de protegerse y garantizar su acceso a todas las personas. Esto se encuentra relacionado al debate de la Ley del Recurso Hídrico en la Asamblea Legislativa, que se abordará en el siguiente apartado. Pero diversas organizaciones y comunidades se pronunciaron en contra y generaron comunicados en defensa del recurso hídrico, ejemplo de estas son comunidades de San Rafael (Concejo Municipal de San Rafael se opone a proyecto de Ley de Aguas, 3 de marzo de 2020), y Pocora de Limón (Comisión Participativa para la Gestión del Recurso Hídrico, La Argentina de Pocora, 5 de marzo de 2020).

Por último, un caso bastante activo en el período abordado fue el del Refugio de Vida Silvestre Laguna las Camelias en Upala, en la Zona Norte del país. En este un grupo de vecinos y la Organización de Derechos Comunitarios Coordinadora Norte Tierra y Libertad llevaron a cabo desde los primeros meses del 2021 una intensa campaña de protección y denuncia por las afectaciones, señalando que este es lugar de alimentación, refugio y reproducción de muchas especies de aves y otros animales (Fernández y Araya, 2021b). Generaron campañas en internet de solidaridad y, además, llevaron a cabo procesos de recuperación.

Es posible señalar, a partir de los registros obtenidos desde el OCAC, que se presenta una clara continuidad en la explotación y destrucción de ríos, manglares y otros ecosistemas, principalmente por parte de empresas privadas. Sin embargo, como se señaló al iniciar, se vuelve primordial rescatar las distintas formas de organización que han denunciado constantemente este tipo de prácticas, ya que, si bien, hay una cantidad considerable de grupos ambientalistas, en muchísimas ocasiones han sido grupos de vecinos y vecinas de las comunidades las que han tomado esta tarea de denuncia y protección.

4.3 Proyectos de ley y decretos en torno a los bienes comunes

El presente eje de acciones se relaciona con el anterior, ya que las acciones registradas son llevadas a cabo mayoritariamente por grupos ambientalistas. Sin embargo, se han separado al reconocer discursos, repertorios y contextos muy específicos en torno a los distintos proyectos de ley discutidos o propuestos ante la Asamblea Legislativa.

Asimismo, estos proyectos implican efectos a nivel estructural. Esto al considerar que muchos de los conflictos alrededor de bienes comunes y territorios en la ruralidad costarricense responden a modelos de desarrollo (Alvarado et al., 2020) que en diversas ocasiones propician intentos de acaparación y privatización de estos (Comisión Defensora de los Ríos Convento y Sonador, 2016; Kioscosambientales, 20 de septiembre de 2021).

Durante el periodo de estudio del presente artículo se han registrado acciones, principalmente alrededor de seis proyectos de ley: Ley de Gestión del Recurso Hídrico, Ley de Pesca de Arrastre, la minería a cielo abierto, ratificación del Acuerdo de Escazú, el decreto Normativa Técnica para la Estimación del Caudal Ambiental y la Ley de Semillas. A continuación, se presentan algunos de los resultados obtenidos desde el OCAC respecto a estos proyectos.

Primero, el Proyecto de Ley de Gestión del Recurso Hídrico fue criticado y denunciado por sectores ambientalistas y por comunidades como una amenaza para garantizar el agua como un derecho humano (Fernández y Araya, 2021a). Esto porque dentro de su contenido se abría la posibilidad de mercantilizar y negociar con este recurso. Asimismo, se excluían actores como las Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales (ASADAS), las cuales representan una figura importante en la gestión del agua en zonas rurales (FECON, 27 de febrero de 2020). Ante esto se generaron comunicados, reuniones con diputados en la Asamblea Legislativa y cartas al presidente de la República. Todas estas en función de detener el proyecto.

Por otro lado, el proyecto de Ley de Pesca de Arrastre fue uno de los principales focos de acciones de protesta en octubre de 2020. Entre las acciones llevadas a cabo se generaron declaraciones públicas, manifestaciones por parte de organizaciones (Organizan plantón en oposición a pesca de arrastre, 23 de octubre de 2020) y una huelga de hambre frente a Casa Presidencial para evitar su aprobación, solicitando al presidente del país vetar la ley (Actualización sobre huelga de hambre contra pesca de arrastre, 28 de octubre de 2020). Además, diversos grupos comunitarios costeros se manifestaron frente a diversas instituciones gubernamentales.

Otros proyectos de ley que causaron oposición por sectores ambientalistas del país fueron los relacionados a la minería a cielo abierto (Dos proyectos de ley avanzan para activar la minería a cielo abierto en Costa Rica, 5 de noviembre de 2020). Uno buscaba reactivar la minería y otro pretendía mitigar los daños causados en la zona de Crucitas por coligalleros. Ante esto, también se generaron manifestaciones, denuncias públicas, convocatorias y reuniones en la Asamblea Legislativa, argumentando que una minería ecológica no es posible, debido a que los minerales no son recursos renovables y su aprovechamiento se da bajo procesos riesgosos para la sostenibilidad de la naturaleza (Dos proyectos de ley avanzan para activar la minería a cielo abierto en Costa Rica, 5 de noviembre de 2020). Tanto estos proyectos como las propuestas para la reactivación de la pesca de arrastre son propuestos bajo un discurso de reactivación económica en tiempos de pandemia.

Un cuarto proyecto de ley fue la ratificación del Acuerdo de Escazú, el cual fue firmado en Costa Rica en marzo del 2018, pero no ha sido ratificado en el país. Ante esto, comunidades, sectores ambientalistas y organizaciones de derechos humanos se han pronunciado a favor del mismo, y de la necesidad que sea aprobado por la Asamblea Legislativa. Estos grupos reconocen que en el país se ha encrudecido la persecución y el amedrentamiento de personas defensoras de derechos humanos y de la tierra. Ejemplo de esto son los asesinatos de ambientalistas y personas indígenas en Costa Rica (Álvarez y Casas, 2020).

Otro actor que se pronunció en torno a este proyecto fue la Universidad de Costa Rica. Esta solicitó, por medio de un comunicado a la Asamblea Legislativa, la aprobación de este Acuerdo (La UCR insta al Gobierno y a la Asamblea Legislativa a ratificar el Acuerdo del Escazú, 11 de mayo de 2021). Por el contrario, están los grupos que se oponen, como las Cámaras Empresariales y de Comercio, con argumentos que han sido calificados como falsos a la par de lo que plantea el documento en aprobación (Alvarado, 22 de abril de 2021; Garza, 21 de abril de 2021; Chinchilla, 26 de abril de 2021).

El quinto proyecto que estuvo en discusión y que generó oposición desde sectores ambientalistas durante este periodo fue el decreto Normativa Técnica para la Estimación del Caudal Ambiental (Posición de FECON ante la consulta del borrador de decreto de Caudal Ambiental, 23 de marzo de 2021). La denuncia enviada por el sector ambientalista al Gobierno señala que el decreto fue diseñado sin una consulta ciudadana, especialmente de las comunidades que cuidan y protegen el recurso hídrico.

Además, se cuestiona una serie de inconsistencias dentro del texto relacionadas al uso adecuado y protección del caudal de los ríos. Por ejemplo, se pretende dejar únicamente un 20% del caudal de los ríos, cuando estos están siendo afectados progresivamente por el cambio climático. Ante esto, diversas personas y organizaciones solicitaron la suspensión de dicho decreto, crear una mesa de diálogo y elaborar una nueva propuesta para la consulta y aprobación (Mediante carta con firmas solicitan al MINAE suspender aprobación del decreto para establecer el caudal ambiental y formar una mesa de diálogo, 23 de marzo de 2021).

Finalmente, durante el segundo semestre del 2021 se puede identificar el proyecto de ley conocido como Ley de Semillas (FECON, 18 de octubre de 2021). Alrededor del proyecto mencionado han existido diversos actores que denuncian el riesgo que representa para las comunidades indígenas y campesinas. Esta no es una propuesta nueva, ya que se han presentado otros documentos con intenciones similares, los cuales también han encontrado resistencia. Un ejemplo de lo anterior es el juicio ganado por La Red de Mujeres Rurales en contra del Decreto Ejecutivo No. 40300-MAG, que de igual manera buscaba privatizar la comercialización de las semillas, buscando favorecer a las empresas que negocian con estas.

Dentro de estos proyectos de ley se puede reconocer que ingresan actores ambientalistas a oponerse en conjunto con organizaciones comunitarias. Este es un vínculo entre actores que permite crear estrategias políticas, tanto a nivel nacional como local, y con esto, generar mayor presión en búsqueda de sus objetivos. Además, se reconoce una valoración de bienes comunes como el agua, los bosques, las semillas y los mares desde varios sectores de la población, y no únicamente de aquellos que se encuentran en lo rural.

4.4 Conflictos laborales y contaminación en la producción de monocultivos

La distribución de la producción agrícola en Costa Rica ha presentado importantes transformaciones desde los años ochenta hasta la actualidad. Es posible señalar que estas transformaciones se enmarcan en cambios estructurales en las últimas décadas del siglo XX (Alvarado et al., 2020). Parte de estos fenómenos se han evidenciado en una profunda desigualdad en la distribución del territorio dedicado a la producción agrícola (Morales y Segura, 2017), así como en un cambio en la producción, al estimularse la exportación de productos no tradicionales (Llaguno et al., 2014).

En el caso de los monocultivos en Costa Rica, en el período 2014-2018, es posible ubicar al menos dos puntos de conflicto alrededor de los mismos. Estos son los conflictos alrededor de denuncias y demandas laborales, así como diversas denuncias por contaminación. Es claro que los actores centrales en el primer caso son las personas trabajadoras en las distintas empresas. Por otro lado, al hablar de contaminación, los principales actores que denuncian suelen ser vecinos y vecinas de las comunidades cercanas a las plantaciones (Alvarado et al., 2020).

Es posible señalar que, en el período abordado en este artículo (2020-2021), esta dinámica y puntos de conflictividad se han mantenido de igual forma en las regiones Norte y Caribe del país. Por un lado, se han presentado distintas demandas desde grupos de personas trabajadoras y organizaciones sociales con respecto al respeto de sus derechos y la denuncia dirigida a distintas empresas por no cumplir con las restricciones y cuidados planteados desde el gobierno para prevenir el contagio de la Covid-19 (Radio Machete, 5 de junio de 2020; Radio Machete, 7 de junio de 2020).

Estas denuncias tuvieron como punto más alto en estos dos años el mes de junio de 2020. En este se reportaron importantes aumentos en la cantidad de personas contagiadas por la Covid-19 en cantones como Upala y San Carlos, en los cuales tienen amplia presencia las empresas dedicadas al monocultivo.

Desde las denuncias se ubica un vínculo entre las actividades de estas empresas, las condiciones laborales de las mismas y la cantidad de contagios (Coordinadora Norte Tierra y Libertad, 9 de junio de 2020). Asimismo, se demandó desde diversas organizaciones la toma de medidas por parte del Estado para la protección de las personas trabajadoras de estas empresas (Pronunciamiento sobre vulnerabilidad de quienes trabajan en monocultivos, 1 de julio de 2020).

Por otro lado, en este eje de conflictividad, las comunidades y los grupos ambientalistas han denunciado a lo largo del período 2020-2021 a empresas dedicadas al monocultivo por la muerte de miles de abejas utilizadas en la apicultura (Radio Machete, 15 de mayo de 2020) por la contaminación de fuentes de agua (Coordinadora Norte Tierra y Libertad, 9 de junio de 2020; Programa Kioscos Socioambientales UCR, 3 de abril de 2020) y del aire en comunidades vecinas a las plantaciones (Talamanca: denuncian fumigación aérea por daños a la salud y ecosistemas, 25 de febrero de 2021; Vecinos de Limón denuncian posible afectación, 5 de marzo de 2020). Lo cual, según señalan, ha generado daños directos a la población a lo largo de años.

En este sentido, como se menciona en una de las demandas emitidas desde la Coordinadora Norte, Tierra y Libertad:

La agroindustria ha significado para nuestras comunidades graves impactos en el ambiente, en la salud de los trabajadores, en la salud comunitaria y un irrespeto sistemático a los derechos laborales, todo esto de la mano de gobiernos e instituciones cómplices que no ejercen el mandato de las leyes nacionales (23 de mayo de 2020, párr. 7).

Las denuncias y las demandas planteadas por parte de los diferentes actores en torno a los conflictos por la producción de monocultivos pueden ser englobados en dinámicas territoriales que responden a lógicas estructurales específicas, las cuales implican procesos de acumulación y despojo (Alvarado et al., 2020). En estas se da una transformación del trabajo y del territorio, en la que es vital rescatar que, siguiendo a Acosta, “en la región latinoamericana el trabajo agrario asalariado es desde su estructuración, precario y flexible” (2014, citado en Alvarado et al., 2020, p.50).

Si bien, durante la pandemia se pudo hablar de una continuidad en los conflictos alrededor de la producción de monocultivos, también es posible señalar algunos matices en las demandas y los discursos, principalmente de los actores demandantes. En estos se plantea como, incluso ante una pandemia, desde estas empresas se antepone la producción a la protección de fuentes de agua vitales para el mantenimiento de las medidas de higiene y la cotidianidad de las comunidades (Programa Kioscos Socioambientales, 3 de abril de 2020), a la salud e, incluso, la vida de las personas trabajadoras haciendo, según denuncian organizaciones y medios de comunicación, caso omiso de las restricciones y normas para prevenir la enfermedad y proteger a las personas trabajadoras (Navas, 6 de junio de 2020).

5. Reflexiones Finales

Durante el contexto de la pandemia, los conflictos por defensa del territorio y bienes comunes continúan siendo un foco de disputa y tensión entre actores sociales en la ruralidad costarricense. Las medidas sanitarias para la prevención del virus que provoca la Covid-19 no han modificado en mayor medida las dinámicas de disputa, sin embargo, sí se puede reconocer que han implicado discursos específicos que anteponen la producción y la explotación a la prevención del contagio de la enfermedad y que, específicamente, en el caso de proyectos de ley hacen uso de las consecuencias económicas para intentar legitimarlos bajo el discurso de la reactivación.

Los conflictos alrededor de territorios indígenas, el agua, la protección ambiental, de proyectos de ley y en defensa de derechos laborales, tienen una construcción histórica y durante estos dos años sus dinámicas no han cambiado en mayor medida. Los actores demandantes como personas indígenas, ambientalistas, sindicatos, entre otros, tienen también una presencia reconocida en los movimientos sociales de Costa Rica, y mantienen su presión por el respeto de derechos, la protección del ambiente y una sociedad más justa.

Puede afirmarse que esta pandemia hace manifiesta la crisis civilizatoria que mencionan De Luca y Lezama (2021), y las acciones de protesta registradas, visibilizan la respuesta por parte de comunidades y organizaciones. En los diferentes ejes, se hacen visibles dinámicas que afectan directamente la cotidianidad de vecinas y vecinos, siendo quienes se organizan y denuncian, reclamando acciones por parte del Estado para defender sus entornos y dinámicas de vida de la contaminación, el despojo y la explotación.

Es importante destacar la recuperación de territorios indígenas, ya que se puede identificar cómo los grupos reivindican y afirman desde sus acciones que estos espacios les han pertenecido históricamente y en conjunto trabajan para reapropiarse de ellos, incluso, ante la violación de sus derechos desde la acción, la omisión y la aquiescencia estatal. También, se puede reconocer desde la definición de Porto-Gonçalves (2009) que son procesos de reterritorialización donde las relaciones de poder instituidas bajo el colonialismo histórico buscan ser transformadas como forma de justicia y reafirmación de los pueblos.

Las acciones de protesta permiten identificar la protección y la producción de bienes comunes como el agua, los derechos laborales y un ambiente sano. Esta afirmación se genera considerando que a partir de sus denuncias los diferentes sectores señalan que los actores demandados, buscan una apropiación, violación y contaminación de los mismos. Reconociendo esto, se puede reconocer en las diferentes acciones (tanto implícita como explícitamente) llevadas a cabo desde las organizaciones y comunidades en la defensa del carácter común de esos bienes.

En cuanto a la metodología de la recolección de la información, el OCAC del IIS-UCR registró las acciones de protesta realizadas por actores comunitarios en la ruralidad y diseñó redes para su comprensión. Esto permitió relacionar el contexto regional con las acciones registradas en Costa Rica durante la pandemia, buscando así ofrecer una posibilidad de análisis desde los bienes comunes y la territorialidad en Latinoamérica.

Otro aspecto importante de este trabajo es que se analizaron medios de comunicación alternativos y redes sociales propias de los grupos sociales, lo cual permite identificar y validar las voces de quienes se encuentran movilizándose en la defensa de sus territorios como una fuente legitima de trabajo e investigación. Voces que muchas veces son invisibilizadas en los medios de comunicación hegemónicos. Además, la sistematización constante de las acciones de protesta también permite reconocer su evolución y desarrollo dentro del tiempo de estudio.

Dentro de los caminos que puede abrir este artículo se ubica la posibilidad de analizar el papel de distintas líneas de comprensión de las acciones de protesta como los conflictos socio-territoriales y las afectividades. Es sabido que las diversas fuentes, tanto las utilizadas por el OCAC como los diferentes medios, no presentan una realidad objetiva y total de los hechos. Por esta razón, se hace primordial reconocer los discursos y las subjetividades que se posicionan dentro de las diferentes acciones donde se da cuenta del acto de denuncia, los actores y bajo qué contexto se realiza.

Finalmente, es necesario considerar, en clave afectiva, qué es lo que está movilizando a las personas que se encuentran involucradas en estos procesos, y asimismo, reflexionar en formas de acompañamiento colectivo, psicosocial y sociopolítico para apoyar y fortalecer sus acciones afirmativas y estrategias de resistencia.

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Radio Machete (5 de junio de 2020). #Limon: “Los trabajadores de finca 3, una bananera localizada en Cariari de Pococí se encuentran en huelga ante el aumento de los casos de #COVID19 en la zona”. [Imagen adjunta] [Publicación de estado]. Facebook. https://www.facebook.com/109091722502161/posts/2964339146977390/

Radio Machete (7 de junio de 2020). #Denuncia: El Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agricolas comunica que debido a que ya hay un contagio y varios casos sospechosos, las personas trabajadoras de fincas [Imagen adjunta] [Publicación de estado]. Facebook. https://www.facebook.com/RadioMachete/photos/a.127596827318317/2969698633108108/?type=3

Salvemos el río Barranca (4 de marzo de 2020). Surcos Digital. https://surcosdigital.com/salvemos-el-rio-barranca/

Solicitan detener dragado ilegal en la Gamba de Golfito (9 de septiembre de 2020). FECON. https://feconcr.com/noticias/solicitan-detener-dragado-ilegal-en-la-gamba-de-golfito/?fbclid=IwAR3x8WMQ7Nr0eWXeJup7knetKWUx9i-twr1vy1UkWadXe21T6G63hIHpAmw

Talamanca: denuncian fumigación aérea por daños a la salud y ecosistemas (25 de febrero de 2021). Surcos Digital. https://surcosdigital.com/talamanca-denuncian-fumigacion-aerea-por-danos-a-la-salud-y-ecosistemas/

Vecinos de Limón denuncian posible afectación (5 de marzo de 2020). Surcos Digital. https://surcosdigital.com/vecinos-de-limon-denuncian-posible-afectacion-por-productos-quimicos-producto-de-la-aviacion-agricola/

Villalobos, D. (2018). Disputando el Agua en Costa Rica. Mercancía vrs Bien Común. Heinrich Böll Stiftung Centroamérica. http://sv.boell.org/sites/default/files/comunidades_y_ecologistas_contra_el_capitalismo_del_agua.pdf

Fecha de ingreso: 12/01/2022
Fecha de aprobación: 12/09/2022

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