Rev. Ciencias Sociales 156: 119-128 / 2017 (II)
INAUGURACIÓN DEL PABELLÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
(CELEBRADO EL 3 DE MAYO DE 1960)
Fuente: Fotografía nro. 0898. Inauguración de la Facultad de Ciencias Económicas. Archivo Universitario de la Universidad de Costa Rica (AUROL).
PALABRAS CLAVE: DISCURSO * LIBERTAD * PROGRESO SOCIAL * DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL * INVERSIÓN ESTATAL
KEYWORDS: SPEECHES * FREEDOM * SOCIAL CHANGE * ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT * STATE INVESTMENT
Congréganse en esta tarde de mayo una vez más con nosotros —estudiantes, profesores y funcionarios de la Universidad— los representantes de los Poderes Públicos, de las Instituciones Autónomas y de los países que con el nuestro mantienen cordiales relaciones, y los demás amigos que siguen con atención cordial nuestros esfuerzos, para celebrar un acto que es a la vez fiesta de la vista y fiesta del espíritu: la inauguración de un nuevo pabellón que, al tiempo que viene a embellecer aún más nuestra Ciudad Universitaria, viene a ofrecer nuevas facilidades, oportunidades y estímulos al trabajo académico y científico que en ella se realiza. Esa, en efecto, es la clave de la vitalidad y el éxito de nuestro modesto campus: el que lo material responde a las necesidades, tiene el tamaño y se ajusta a los requerimientos del mundo espiritual de la cultura. Y todo: muros y planes de estudio, piedra y métodos de investigación, está inspirado por las urgencias del espíritu y puesto al servicio de la juventud costarricense. Y, por medio de ella, del futuro de esta Patria costarricense, tan pequeña y tan grande a la vez.
El pabellón que hoy oficialmente brota de la tierra apuntando al cielo y sonriendo a los alrededores, es el pabellón de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, pero por varios años va a estar al servicio simultáneo, en absoluta igualdad de circunstancias, tanto de dicha Facultad como de la de Derecho, y también de la Escuela de Servicio Social, en cálido y significativo ejercicio de la confraternidad universitaria, cada día más obligada y activa en vista del crecimiento de las necesidades de todos nuestros organismos y dependencias y de la limitación de nuestros recursos. Así como en 1958 el edificio de Química inauguró el área de Ciencias Básicas, y en 1959 el de Microbiología inició el de las Ciencias Biológicas, hoy el de Economía inaugura el de las Ciencias Sociales, área dentro de la cual serán levantados en el futuro, dentro del planeamiento total de la Ciudad Universitaria, el edificio definitivo de la Facultad de Derecho, luego el de la Escuela de Servicio Social y, finalmente, los otros que los requerimientos científicos y profesionales del país en el campo social señalen como necesarios.
Las autoridades de la Universidad encontramos en este arreglo provisional que enuncio, una feliz coincidencia y un positivo simbolismo. Cuando pensamos que bajo el mismo techo van a estar reunidas, laborando y colaborando intensamente, la escuela universitaria más antigua y venerable con una de las más nuevas y dinámicas; la que más le ha dado al país en grandes generaciones, personalidades, filosofías y políticas, con la que apenas está comenzando a producirlas; la que hace su preocupación central de la libertad, la justicia y la seguridad, con la que la hace del crecimiento material y la prosperidad social; la que enseña una ciencia que se remonta a Roma con la que enseña disciplinas que están apenas terminando de forjarse; encontramos la coincidencia en que el interés de la una y de la otra está centrado en el hombre y la sociedad, y el simbolismo, en que la orgánica fusión de lo jurídico y lo económico social es hoy por hoy uno de los más perentorios deberes nacionales.
Lanzando la mirada hacia atrás, deseamos recordar que una gran generación, formada en las aulas de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad de Santo Tomás, se propuso, con esclarecido fundamento, después de 1880, acercar más al pueblo a sus instituciones representativas, educarlo y dignificarlo cívicamente, enseñarle sus derechos y sus obligaciones, haciendo de la juridicidad y la educación los dos grandes emblemas de la época. La idea de la íntima relación entre educación y derecho aparece nítidamente personificada en don Mauro Fernández, un eminente hombre de leyes que se convirtió en el reformador insigne del sistema educativo nacional: había que crear en esa época la Patria Docente para poder establecer la Patria Jurídica.
En el aspecto propiamente jurídico, la nueva era comienza con el Código Civil de 1888, en el sereno ámbito de las ideas, y con la campaña electoral de 1889, que logró evitar una imposición política, en el campo ardoroso de los hechos.
Para la concepción y la sensibilidad jurídicas, el hombre no debe ser dominado por el hombre, sino gobernado por la ley, por la norma general y previa que regula los hechos por mano de una Justicia con los ojos vendados ante los privilegios, los intereses, las presiones y las amenazas. Frente a la arbitrariedad insoportable del dictador o el sátrapa, la regularidad objetiva de la ley.
Al costarricense, formado en la soledad y la libertad naturales de los largos años de la colonia, respetado luego en su persona y sus ideas en la hora patriarcal de la independencia, rebelde ante Carrillo y Morazán, vencedor del salvaje invasor filibustero, y víctima en la media noche política de los 30 años de cuartelazos y dictaduras, el ofrecimiento de una norma que le pondría a salvo de la acción directa, la arbitrariedad y la injusticia, tenía que serle profundamente atractiva. Para su fuerte vocación política y sus preferencias democráticas, además, un marco de seguridad jurídica donde poder opinar, escribir, criticar, comentar y concurrir a formar gobiernos y políticas, tenía que resultarle el más indicado y fructuoso.
Y dentro de tal ambiente democrático y liberal vive Costa Rica años de innegable tranquilidad y progreso, tanto en lo institucional como en lo económico.
Pero con el siglo XX comienzan a aparecer problemas, que en parte son el fruto del desarrollo sin límites de las fuerzas económicas nacionales y extranjeras expandidas bajo el régimen liberal: frecuentes crisis de subconsumo; absorción de la mano de obra por el monocultivo cafetalero y las plantaciones bananeras; sustitución del imperialismo financiero británico del siglo XIX por el imperialismo económico directo de las compañías bananeras y eléctricas norteamericanas; formación de un desarraigado proletariado agrícola en las zonas de explotación en grande del banano; desarreglo y especulación en el mercado interno; estrecheces fiscales y desmejoramiento de las condiciones económicas del peón; estancamiento manufacturero o industrial y primeros intentos por superarlo.
Todos estos fenómenos, junto con la formación de una clase media educada por la reforma de 1886, clase que comienza a ganar conciencia de sí misma como la fuerza social por excelencia del equilibrio y el progreso nacionales, anuncia el inicio de una nueva era: la de la República Social.
Y la Primera Guerra Mundial, que sacude la complacencia relativa en que el mundo se había mantenido desde el Congreso de Viena y pone en entredicho los conceptos económico-sociales del siglo anterior, refuerza desde el exterior el movimiento interno hacia nuevas concepciones y políticas.
Muy temprano en este siglo, un gran hombre, pero un gran hombre aislado, otra vez un hombre de leyes, don Alfredo González Flores, intuyó la crisis de revisión y ajuste que empezaba para el mundo y se avecinaba para el país, y emprendió una reforma económica y fiscal que, por prematura frente al estado de inmadurez de la opinión pública, le costó el poder. Pero a pesar de su fracaso inmediato, con él los nuevos conceptos y las nuevas actitudes comienzan a echar raíces en tierra costarricense. Con él se inicia en efecto la evolución bancaria que en medio siglo va de una situación en que el Estado no tenía función alguna, a otra donde es la empresa privada la que carece de ella. En 1924, con el apoyo de un gran Presidente y un gran Ministro de Hacienda de formación liberal, pero libres de dogmas y prejuicios, se monopolizan los seguros. Cuatro años antes había ya comenzado a insinuarse una tímida legislación laboral con la implantación de la jornada máxima, movimiento que continúa en 1925 con el seguro de accidentes de trabajo, y culmina en 1940-41 con el Código de Trabajo y el establecimiento de los seguros sociales. Más adelante se consagrará la doctrina de los salarios crecientes, en parte como expresión de la justicia social y en parte como estímulo para una mejor organización de las empresas y un uso más racional de la mano de obra. Originado en los años de González Flores, viene también desarrollándose el formidable principio de las autonomías. Entre tanto, el movimiento sindical, no siempre bien organizado ni vigoroso, va por su lado ganando terreno e influencia. Y, por fin, la Constitución Política de 1949 hace culminar el desarrollo de la nueva conciencia social en un cuerpo de leyes que superan el individualismo y el liberalismo económico puros de la carta de 1871. Pero ya para entonces un nuevo elemento de presiones sociales y económicas se agrega. Pues así como la Primera Guerra Mundial despertó a las clases económicamente débiles, la Segunda lo hace con las naciones atrasadas. No afirmamos, ni por implicación, que sean las guerras motivo o condición del progreso, sino sólo que su horror y su miseria han servido para conmover de tal modo la conciencia moral del mundo, que el fermento de postguerra ha sido constructivo en el sentido de un hondo deseo de terminar con todas las injusticias, las desigualdades y las explotaciones que alimentan el odio y la violencia sobre la tierra. En testimonio de lo cual y como una suprema esperanza, surgen en 1945 las Naciones Unidas, y dentro de ellas, al lado de las asambleas políticas, una serie de agencias y organismos que comienzan a trabajar real y sinceramente por una más amplia producción y una más equitativa distribución de la educación, la salud, la técnica y los alimentos en el mundo entero.
Con la ayuda de las Naciones Unidas y la de sus propias gentes, los países atrasados se hacen entonces conscientes de su atraso y comienzan a analizar sus causas y su naturaleza. Encuentran que la agricultura y demás actividades primarias son menos productivas, más inestables, más expuestas a fluctuaciones en la producción y los precios, que la industria; aprenden que ésta diversifica y fortalece las economías, en tanto que la producción de frutos agrícolas y materias primas conduce al monocultivo; descubren que los frutos del extraordinario desarrollo tecnológico de los últimos 150 años no se han distribuido equitativamente entre los distintos países, y que se ha abierto y tiende a abrirse aún más un profundo abismo entre su ingreso, sus condiciones sociales y su nivel de vida, y los de los países desarrollados; caen en la cuenta de que el problema es complejo y difícil: falta de capitales, falta de mercados, falta de organización, falta de educación.
Falta de organización, es decir, insuficiencia de los sistemas jurídicos y administrativos para analizar, planificar, realizar y controlar adecuadamente los programas de desarrollo. Falta de educación, o sea, insuficiencia de técnicos, especialistas, administradores, obreros calificados, para hacerse cargo de la compleja responsabilidad de un desarrollo permanente. Porque para producir más y mejor y para contar con más racionales y efectivos medios de distribución de la riqueza, se requiere antes que capital e inversiones, saber producir, saber usar el capital, las máquinas, las técnicas, y saber administrar, organizar, planificar, ejecutar. Y es así como desembocamos en la importancia y la necesidad de coordinar el Derecho con la Economía, y ambas disciplinas y sus aplicaciones con la Educación, en este mundo contemporáneo, y, en lo que nos incumbe directamente, en este pequeño escenario costarricense, si es que queremos movernos ordenada y democráticamente, y al tiempo, positiva y eficientemente, hacia niveles más altos de cultura, libertad y prosperidad.
La verdad es que la misión más obligante de nuestros días es luchar porque en el paso hacia nuevas modalidades económicas y sociales, impuestas por la justa aspiración de difundir el bienestar y la cultura entre todos los miembros de la sociedad, la economía mantenga y acreciente su vitalidad, y sean preservados y fortalecidos los valores humanos y éticos de la Costa Rica de ayer que, en tal aspecto, deberá ser la de hoy y de mañana, la Costa Rica de siempre. Lo cual significa preocuparse por lograr una combinación fértil y armónica de la Patria Docente, la Patria Jurídica y la Patria Social. Y en el aspecto funcional, contar con filosofías y regímenes educativos, jurídicos y económicos bien integrados, dentro de los que el hombre, el hombre de cultura general y aptitudes técnicas, el hombre consciente de su absoluta dignidad individual pero dotado a la vez de un alto sentido de servicio social y nacional, vea crecer las fuerzas materiales y aumentar la prosperidad y el bienestar de todos, dentro de un régimen de relaciones sociales que garantice, de manera irrefragable, la libertad, la libertad en el más amplio y noble sentido del término.
Hay un mundo de relaciones recíprocas entre Educación, Derecho y Economía. Se requiere un ambiente de libertad y seguridad para poder hacer obra educativa, pero al tiempo es menester la educación para poder gozar realmente de la libertad y saber cómo defenderla. Se necesita también la libertad y la seguridad para poder trabajar gustosamente y producir con abundancia, pero al tiempo es necesario el bienestar material para poder disfrutar plenamente de la libertad. Hay que financiar el desarrollo de la educación, pero hay imprescindiblemente que educar para desarrollar la economía.
Nos atreveríamos, sin embargo, a situar la educación en primer plano frente al Derecho y la Economía. Respecto al primero, basándonos nada menos que en la palabra de un gran jurista, el Doctor Eduardo Couture, para quien en la democracia el Derecho, conjunto de normas obligadas de relación social, viene después de la Educación, que tiende a dotar a los hombres de conciencia y responsabilidad en cuanto a su comportamiento social. Y respecto a la Economía, porque la producción es tarea humana, y toda tarea del hombre depende en cantidad y calidad, de las aptitudes y talentos desenvueltos por la educación. Quizás podríamos expresar mejor la idea recordando que la educación es ella misma una forma de producción, la más reproductiva de todas, por lo menos en el largo plazo, ya que es inversión, inversión no en las cosas sino en el hombre, eje y motor de la historia y la civilización. Y digo todo esto porque, quizás rompiendo la estricta regla de protocolo que obligaría a hacer un discurso de circunstancias, deseo pedir la venia de ustedes para comentar —en plan familiar— las limitaciones y dificultades de orden financiero con que comienzan a tropezar los planes universitarios en Costa Rica. Estimo de mi deber hacerlo, aprovechando la oportunidad de comunicación pública que este acto me ofrece, y la circunstancia de estar inaugurando el pabellón donde se estudiarán, con serenidad y sin arrebatos emocionales, los problemas económicos del país, sus empresas y sus instituciones.
Permítaseme, pues, ocupar su atención por unos cuantos minutos, para explicarles cuáles son los principales obstáculos con que comenzamos a encontrarnos en 1960, en la prosecución de nuestros proyectos culturales, y para demandar de todos ustedes, estudiantes y profesores, colegas de trabajo, autoridades del Estado, y todos los demás amigos que siguen con atención y cariño esta faena de cultura, su comprensión y valioso apoyo.
Estos edificios, cuyas facilidades y servicios han sido señalados en todos los casos por los educadores, investigadores y administradores llamados a hacer uso de ellos, y cuyos diseños y planes han sido objeto de estudio no menos cuidadoso por parte de nuestros arquitectos e ingenieros; estos edificios de los que tanto depende —tanto cuanto sea la importancia de la belleza del ambiente y de la eficacia de los recursos materiales— la calidad de la enseñanza y la investigación y también el bienestar y la alegría de los muchachos y sus instructores; estos edificios han venido siendo financiados casi en su totalidad con fondos de capital o extraordinarios: el producto de la venta de las antiguas propiedades universitarias en el centro de San José, reservas constituidas por rentas especiales, pequeñas donaciones de empresas privadas, y parte de los superávit producidos por una política presupuestaria balanceada y cautelosa. Es necesario recordar esto, una y otra vez, para destruir la errónea impresión que alguien pudiera tener de que el proyecto de la Ciudad Universitaria se ha venido realizando con fondos ordinarios y, por tanto, a expensas de los programas académicos, científicos o de extensión cultural. Nada más alejado de la verdad. Hasta 1958 no se dedicó un centavo de los recursos ordinarios a la construcción de edificios; y no fue sino hasta a fines de dicho año que, consumidos o comprometidos todos los recursos extraordinarios; y habiendo debido usarse un crédito bancario para iniciar la construcción de este pabellón que hoy inauguramos, se comenzó a dedicar una porción, si bien muy pequeña, del presupuesto ordinario —2.4 por ciento— a inversiones inmobiliarias, al cargarse a dicho presupuesto el servicio financiero del crédito en cuestión.
Y ha comenzado así a perfilarse el grave problema económico del futuro inmediato.
Ciertamente este año estamos construyendo, hacia el noroeste de este edificio, el de la Facultad de Medicina, pero lo estamos construyendo con fondos de capital: la reserva constituida por rentas de dicha Escuela retenidas por los gobiernos de 1947 a 1952, y que el actual se ha comprometido formalmente a entregarnos, en forma de bonos, durante el presente año. Pero para continuar la construcción de los restantes pabellones —y es nuestra opinión que hay que continuarla, dado su carácter de imprescindible y gracioso complemento de los programas docentes y culturales de la Universidad— no contamos ya con reserva ni fondo alguno, y nos vemos en la necesidad de descansar cada vez más en los ingresos ordinarios. Ello podrá hacerse —a juicio personal de quien habla— pero dentro de límites porcentuales muy estrechos, con el fin de no comprometer el crecimiento natural de los programas ordinarios de la institución. Ahora bien, dentro de esos límites sólo podrá pensarse en construcciones financiadas mediante crédito, ya que ellos sólo arrojarían los fondos necesarios para hacerle frente al servicio financiero de nuevos compromisos que se adquieran para construir, pero nunca para cubrir la totalidad ni aun parte sustancial del costo de los nuevos edificios. Más aún, los presupuestos ordinarios sólo podrían soportar el servicio de deudas contraídas a bajos tipos de interés y plazos muy largos de vencimiento, lo que excluye la posibilidad de contraerlas con el Sistema Bancario Nacional, el cual opera dentro de los términos y condiciones usuales en la banca comercial. Mucho es, en verdad —y sea ésta la oportunidad para decirlo pública y oficialmente— lo que le agradecemos al Sistema el préstamo concedido para Ciencias Económicas y Sociales, pero aparte de que sus bancos integrantes no podrían, dada la necesidad de distribuir equitativamente sus recursos frente a las diversas y apremiantes necesidades nacionales, dedicarle más fondos a la Universidad, ésta tampoco podría sobrellevar la carga de un nuevo servicio financiero determinado por los tipos de interés y los plazos propios de la banca comercial costarricense, con todo y ser ellos muy liberales si se les compara con los prevalecientes en otros países latinoamericanos. De modo que habría que pensar —y se ha estado pensando y se trabaja actualmente en tal sentido— en la consecución de préstamos especiales, bien con alguna institución financiera no bancaria del país, bien con alguna organización extranjera o internacional. Esto último tendría la ventaja de que significaría ingreso de nuevo capital al país, y de que no pondría a la Universidad a competir con otras instituciones y otros sectores nacionales tan urgentemente necesitados de financiación como ella, si bien en tal caso habría que juzgar, desde un amplio punto de vista nacional, la conveniencia y la oportunidad del empréstito y la posibilidad de su pago, tanto en términos de moneda nacional como de divisas extranjeras.
A la vez, y con el fin de poder contar con tipos de interés, plazos y formas de pago más adecuados a la naturaleza y fines de la institución, hemos lanzado a lo largo del Continente la idea de que se cree por algún organismo internacional o regional, o bien por el Gobierno de los Estados Unidos, un fondo especialmente dedicado a hacerles préstamos a las Universidades de la América Latina para la construcción de sus instalaciones físicas y la adquisición de su equipo científico. Esta idea fue recogida ya por el Consejo Superior Universitario Centroamericano, en León de Nicaragua, en mayo de 1959, y luego por la Unión de Universidades de la América Latina, en Buenos Aires, en noviembre del mismo año.
Pero aún si este fondo llegare a establecerse prontamente y la Universidad de Costa Rica lograre obtener un préstamo con él, o si lo llegare a obtener de algún organismo financiero no bancario del país, o de alguna agencia internacional, regional o norteamericana de las ya establecidas, ello significaría un paso más, pero también probablemente el último que se podría dar por tal camino; ya que así habríamos seguramente agotado la posibilidad de hacer pesar sobre los presupuestos ordinarios, aún distribuidas en un largo número de años, las inversiones en construcción de nuevos edificios.
Con lo cual llegamos, inevitablemente, a la conclusión de que será imprescindible que se nos dote por el Estado, más tarde o más temprano, de recursos extraordinarios destinados directamente a la inversión. Deberemos llegar a contar con rentas o subsidios complementarios exclusivamente dirigidos a continuar y terminar la gran obra de la Ciudad Universitaria no, menores de dos millones de colones al año, que es el costo promedio estimado de los pabellones e instalaciones que nos resta por levantar. Con una renta así podríamos realizar una construcción por año, con lo que, en un lapso de entre 15 y 20 podrían quedar concluídas las instalaciones que aún nos faltan para completar la Ciudad Universitaria de Costa Rica y los servicios de la Escuela de Medicina en el Hospital San Juan de Dios: las de dos departamentos de Ciencias y Letras: Biología y Física y Matemáticas; seis escuelas profesionales: Agronomía, Odontología, Derecho y Farmacia, la Academia de Bellas Artes y las instalaciones para la enseñanza del ciclo clínico de Medicina; dos escuelas anexas: Conservatorio de Música y Servicio Social; cuatro servicios generales: Biblioteca, Auditorio, Centro de Recreación y Administración; las instalaciones deportivas; y las residencias estudiantiles.
No parece que un auxilio anual de esa magnitud, destinado a concluir una obra de carácter nacional tan trascendental y hermosa, sea algo insoportable para el Erario, si bien la situación presupuestaria actual del Gobierno de la República indudablemente no ofrece las condiciones propicias para su inmediato establecimiento. Pero perfectamente podrá establecérsele cuando venga, como ha de venir muy pronto, la evaluación global y la correspondiente reforma integral de la estructura hacendaria de la nación. Estas palabras mías de hoy no deben, en consecuencia, ser tomadas en modo alguno como una presión unilateral y desconsiderada de una entidad autónoma frente a los poderes públicos, para que se le dé algo ya, sino como una racional y serena advertencia de que debe tomarse en cuenta su problema y resolvérsele en alguna oportunidad no muy lejana. Además, la idea no es la de que se cree de manera mecánica un compromiso fijo anual sobre el presupuesto gubernamental, sino la de que se estudie año con año con el convencimiento de su necesidad, la posibilidad de introducir en él la suma indicada. El año en que se pueda, la Universidad construirá uno más de sus urgentemente necesitados pabellones; el año en que no se pueda, la Universidad pospondrá sus planes de construcción por ese período, participando así lógicamente con la Administración Central en sus buenos y sus malos tiempos.
Alguien quizás podría decir que, al establecerse ese ingreso adicional para construcciones, se estaría rompiendo la relación de diez a uno, de que habla la Constitución Política de 1949, entre los gastos de la Primera y la Segunda Enseñanzas y los de la Universidad. Pero a ello cabría replicar, en primer lugar, que dicha relación la establece la carta constitucional como un mínimo, ya que el artículo 85 habla de que el Estado contribuirá al mantenimiento de la educación superior “con una suma no menor de la que represente el diez por ciento del presupuesto anual de gastos del ministerio encargado de la educación pública”. Habría también que recordar que la Constitución habla de fondos para el “mantenimiento”, es decir, la operación anual de las actividades universitarias, en tanto que la nueva entrada sería para inversiones imprescindibles en forma de instalaciones permanentes, renglón que naturalmente tiende a ser muy alto y pesado en una etapa de adolescencia como por la que actualmente pasa nuestra Universidad. Nótese a este respecto que en 1959, de su presupuesto total de 13.1 millones de colones, 9.8 se dedicaron a gastos de operación, y 3.3, es decir, casi una cuarta parte, a continuar la construcción de sus instalaciones básicas. Pero, además, la verdad es que la relación constitucional vigente no puede tenerse como absoluta y definitiva. En los Estados Unidos, por ejemplo, en el año 1955 la relación entre los dos renglones del gasto público fue de 4.94 por uno, lo que quiere decir que el ciclo universitario dispone en ese país de una suma ligeramente superior al 20 por ciento de las desembolsadas para atender los ciclos de la primera y la segunda enseñanzas, o sea, casi el doble, en términos relativos, de la que disfruta la Universidad costarricense. No es que pretendamos contar con igual proporción aquí, pero las cifras comparativas dicen claro que, de establecerse un subsidio especial para construcciones, estaríamos bien lejos aún de una situación como la norteamericana. Pero aún más: habría que decir que para el cálculo del 10 por ciento constitucional se han excluído tradicionalmente, no sólo las pensiones del magisterio —en tanto que la Universidad debe cargar el costo de su sistema de pensiones sobre su presupuesto ordinario— sino además las sumas que anualmente dedica el Gobierno a la construcción de edificios para escuelas y liceos, por lo que parece obligado y natural el que, consumidos sus fondos extraordinarios o de capital, la Universidad reciba alguna ayuda para sus construcciones, fuera de la relación constitucional. Finalmente, debe recordarse que ninguna de las Ciudades Universitarias de los países latinoamericanos, ni las ya terminadas ni las que se hayan en proceso de levantamiento, han sido en lo financiero obra unilateral de sacrificios propios y magia financiera de las correspondientes universidades, si no obra nacional asumida por cada uno de los respectivos gobiernos. Es el caso que nuestra Universidad ha realizado ya por sí sola, es decir, sin acudir a nuevas rentas ni subvenciones especiales, un esfuerzo tal —el que cualquiera puede apreciar recorriendo nuestro bellísimo campus— que incuestionablemente la califica para obtener muy pronto de los poderes públicos, una ayuda extraordinaria para continuar sus construcciones.
Y para terminar, otras reflexiones de orden económico de carácter más general. ¿Cuánto debe gastarse en educación, poco o mucho? ¿Es la educación una forma simple de gasto, o es una inversión reproductiva? ¿Debe tener la educación una alta prioridad o no en los desembolsos del Estado? ¿Se puede economizar en educación?
Atrás he fijado mi posición al respecto, y no se trata aquí de reiterarla, sino sólo de ofrecer algunas cifras reveladoras y llamar la atención sobre hacia adonde deben tender nuestros esfuerzos, los esfuerzos de todos los costarricenses.
La América Latina dedica, en promedio, 1.2 por ciento de su producto nacional a la educación. Costa Rica, en 1958, dedicó a ella 3.53 por ciento del suyo, lo que la coloca en un nivel muy superior al medio, y puede explicar, entre otros aspectos positivos, el tercer lugar en materia de alfabetismo que ocupa en el subcontinente, y el primer lugar en cuanto a ingreso per capita que ostenta en la América Central.
Europa Occidental y la Comunidad Británica dedican a la educación un 3 por ciento, y los Estados Unidos otro tanto, lo cual hace resaltar aún más nuestra posición. Por otro lado, la Unión Soviética, según cálculos del Profesor Counts de la Universidad de Columbia, dirige al sistema educativo entre 5 y medio y 6 por ciento de su producto nacional, lo que la coloca en una posición de verdadera avanzada, especialmente en vista de la escasa productividad relativa de su economía y del nivel de vida generalmente bajo de su pueblo. Pero ha sido precisamente gracias a este enorme esfuerzo educativo que el país ha podido, entre otras cosas reducir su tasa de analfabetismo, de 60-65 por ciento de la población total en 1917, a 5-10 por ciento en 1957, elevar el número de estudiantes en toda clase de instituciones de enseñanza, en el período 1914-1955, de 8 millones y medio a 60 millones, y conseguido convertirse de área tecnológica y económicamente retrasada a uno de los más poderosos estados industriales del mundo contemporáneo.
No cito estos datos para exaltar el régimen soviético, con el cual no puedo estar porque niega las libertades esenciales del hombre y del ciudadano, ni como testimonio de un avance humano integral, porque la educación sin libertad de pensamiento e información, lejos de ser una fuerza liberadora para el hombre, implica un instrumento de inenarrable coerción sobre él; sino para hacer ver como el esfuerzo educativo, aún en una sociedad de tipo dictatorial, paga —dentro de plazos relativamente cortos— en indudable progreso material, confirmando así su prioridad para cualquier país, aún desde el punto de vista exclusivo del desarrollo de su economía.
El punto es sencillamente si los países de régimen político democrático pueden llegar a realizar un esfuerzo de esa magnitud, contra la resistencia de los intereses privados y la miopía de los incomprensivos. En los Estados Unidos y los otros países capitalistas avanzados, el punto se discute actualmente junto con el de su posición de poder en el mundo y el de la supervivencia del régimen político de libertad. En Costa Rica y los demás países latinoamericanos valdría la pena que comenzáramos a discutirlo ya, conjuntamente con el de la vitalidad de la democracia y las posibilidades de un rápido crecimiento económico...
Este edificio, que tiene un área de 4380 metros cuadrados y un costo de ȼ 2.035.600.00, ha sido construido en parte gracias al préstamo que nos hicieran el Instituto Nacional de Seguros y los Bancos Nacional, de Costa Rica, Anglocostarricense y Agrícola de Cartago, convencidos todos ellos de la importancia que los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales han tenido para la realización de sus programas y de la que tendrán en el futuro para su continuación. La idea del préstamo y del argumento lógico y natural para lograrlo, fue de don Alvaro Castro Jenkins, él mismo egresado de la Escuela, hoy Gerente del Banco Central y en los años 56 y 57 Vice-Decano de la Facultad. El Consejo Universitario dio su autorización para hacer las gestiones del caso, y aceptó posteriormente los términos del empréstito. La Facultad, sus diversas secciones, su Instituto de Estadística, su Departamento de Investigaciones, su Proyecto de Desarrollo Económico, sus profesores de horas sueltas, de medio tiempo y tiempo completo, de manera responsable y cuidadosa indicaron sus diferentes necesidades. Don Wilburg Jiménez, Decano a partir de julio de 1957, se consagró a hacer del edificio, en todos sus detalles, la planta material llena de funcionalidad y armonía que es hoy en la realidad. Además, con amplio gesto universitario, formuló la iniciativa para que la Facultad de Derecho y la Escuela de Servicio Social ocuparan también el edificio, en tanto ellas no contaren con los especialmente diseñados para cada una con que habrán de tener en el futuro; y para que lo pudieran hacer con toda comodidad e independencia, hizo que se le introdujeran las reformas necesarias. El Departamento de Planeamiento y Construcciones, interpretando ideas y necesidades con su brillantez tradicional, preparó los diseños arquitectónicos, los planes estructurales y los carteles de licitación. El Consejo Universitario estudió los proyectos y les dio su aprobación final. Edificios y Carreteras Ltda, que obtuvo el contrato de construcción en licitación pública, construyó con eficiencia y rapidez. Empresas Constructoras Asociadas Ltda, tambien por licitación pública, construyó la sección de las vías interiores que vienen del edificio de Ingeniería a rematar en este. El Ministerio de Obras Públicas colaboró generosamente terminando de pavimentar el estacionamiento. Para todas las instituciones, departamentos, funcionarios y empresas que han contribuido a planearlo, financiarlo y levantarlo, así como a dotarlo de las facilidades complementarias, de parte de la Universidad, las más cortas y significativas de las palabras: muchas gracias.
Debo también, en nombre de la Institución, decir unas respetuosas palabras para doña Olga de Benedictis de Echandi, la gentil esposa del señor Presidente de la República, quien dio las ideas para el arreglo del patio interior del edificio, y por eso dejará en nosotros el recuerdo de su delicado espíritu. Como modestísima compensación rogámosle llevarse con ella el sentimiento de nuestra más honda gratitud.
Y ahora, en nombre del Consejo Universitario, declaro de manera oficial inaugurado el edificio en esta fecha de acontecimientos universitarios que llevamos bien grabados en el corazón. Porque fue un 3 de mayo, el 3 de mayo de 1843, cuando aquellos venerables patricios que reconocieron en la educación la clave de la democracia y el progreso, fundaron la Universidad de Santo Tomás, de la cual la Universidad de hoy respetuosamente se reconoce hija y heredera; y fue otro 3 de mayo, exactamente un siglo después: el 3 de mayo de 1943, cuando se declaró oficialmente establecida la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en cuyas manos limpias y constructoras dejamos hoy el cuidado de este magnífico pabellón. Al hacerlo, yo siento el deseo de saludar a todos sus profesores, estudiantes y funcionarios de ayer y de hoy, y encuentro que la manera más propia y justa de hacerlo es saludando a su primer Decano, don Luis Demetrio Tinoco, a cuya visión y entusiasmo se debió en verdad el establecimiento de la Escuela, y a don Wilburg Jiménez, su devoto y dinámico Decano de hoy. Al saludar a ambos, y por su medio a todos los que algo, grande o modesto, han hecho o están haciendo por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, elevo mis más fervientes votos porque ella siga mostrando el dinamismo, la capacidad de adaptación a los requerimientos del país y el alto sentido de servicio que la han caracterizado, sin interrupción alguna, en sus 17 fecundos años de existencia.