En el presente artículo se sistematizan algunos de los acontecimientos más
relevantes sucedidos en Costa Rica en el período 2000-2018, en torno al desarrollo de
la educación sexual en el sistema educativo formal, con el fin de aportar elementos
para comprender el contexto nacional y puntualizar algunos retos que se enfrentan.
La metodología utilizada fue la revisión documental de textos producidos en el país y
material noticioso nacional en línea. Los hechos que se analizan muestran la
complejidad que media en el cumplimiento de este derecho, entretejiéndose
intereses políticos, culturales, económicos y de otra índole, que generan nuevos retos
para la institucionalidad costarricense.
Palabras clave: educación sexual; sexualidad; Costa Rica; derechos sexuales y
reproductivos; población joven.
RESUMEN
ABSTRACT
The following article presents the main results of a survey for housewives about the
unpaid care work they do within their homes. In addition, a characterization of these
women’s profile was made from the National Survey of Time Use, both from 2017.
Among the main results, it was found that they are women with an average age of 42
years, with a low educational level, a fifth of them do not have social security, and
they are women who dedicate to this work about 54 hours a week, compared to the
34 hours other women dedicate per week and well above the 14 hours men dedicate
per week to this type of work. 62% of them consider that domestic work at home
limits them to achieve economic autonomy, and seven out of ten perceive a low or
medium level in their physical and mental well-being, due to the frequency of
ailments, of which stress, fatigue, insomnia, and depression prevail.
Keywords: sex education; sexuality; Costa Rica; sexual and reproductive rights; young
population.
Sexual education in Costa Rica
Tensions and advancements in the first decades of 21st century.
EDUCACIÓN SEXUAL EN COSTA RICA.
1
ISSN 1659-331
La Revista Estudios es editada por laUniversidad de Costa Ricayse distribuye bajo
unaLicencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Internacional.
Tensiones y avances en las primeras décadas del siglo XXI
María Luisa Preinfalk Fernández
Universidad Nacional
Heredia Costa Rica
mlpreinfalk@una.cr
https://orcid.org/ 0000-0002-6155-9858
Recibido:
Aceptado:
26 de setiembre del 2022
24 de noviembre del 2022
Revista Estudios, 2022
N. 45 | Diciembre 2022 - mayo 2023
Dossier: Abordajes interdisciplinarios para el
desarrollo sustentable de la sociedad costarricense
La noción de educación sexual, entendida como el abordaje socio-pedagógico que suele
hacerse sobre el ejercicio de la sexualidad es un concepto con frecuencia polisémico,
portador de variados significados, que se ha modelado conforme a distintos contextos y
actores sociales a lo largo de las últimas décadas. Ello se traduce –en la práctica– en un
conjunto de consensos y disensos respecto a enfoques o perspectivas, la población
objetivo de este tipo de acciones educativas, los contenidos que deben enseñarse, las
opciones metodológicas y técnicas particulares y el perfil y competencias de quienes
enseñan. Así, la educación sexual ha estado marcada por nociones provenientes de
diversas disciplinas y mediada por varios discursos, entre ellos el religioso, el médico, el
educativo y el jurídico, desde los cuales se ha buscado legitimar posiciones, algunas de
ellas antagónicas. (LISEC, 2007).
En el caso costarricense, las tensiones que se han producido a lo largo de los últimos 50
años en los esfuerzos por educar en sexualidad a la población joven dan cuenta de esto,
reflejando el carácter estratégico que adquiere la educación sexual como instrumento de
reconformación del tejido social. La educación sexual, en tanto política pública
encaminada a propiciar formación sobre las prácticas sexuales de las personas, que se
promulga y promueve desde la institucionalidad del Estado, se hilvana entre las décadas
de 1960 y 2000 del siglo XX. Los primeros esfuerzos estatales por educar en sexualidad a la
población surgen en los años 60, con el fin primordial de controlar la natalidad, ante los
indicadores demográficos que registraba el país; posteriormente se concretan diferentes
iniciativas para institucionalizar la educación sexual en el sistema educativo formal, de la
mano de diferentes actores sociales, y es a partir del año 2000, en la que la educación
sexual adquiere carácter de política pública. Posteriormente, en las primeras décadas del
nuevo siglo, el Estado impulsaría diferentes iniciativas por dar cumplimiento al derecho a
la educación sexual en el sistema formal, en el marco de los nuevos enfoques que se
imponen a nivel internacional, produciéndose una serie de hechos que marcarían el
estado actual de su accionar en este campo. Es de advertir que, para el caso costarricense,
un rasgo particular y medular del abordaje de la educación sexual, ha sido la
confesionalidad del Estado a nivel constitucional. (Preinfalk, 2016).
El presente trabajo se desarrolló en el marco del proyecto Debates sobre Salud Sexual y
Salud Reproductiva en Costa Rica, ejecutado por el Instituto de Estudios de la Mujer de la
Universidad Nacional, de Costa Rica. Se sistematizaron algunos de los acontecimientos
más relevantes sucedidos en el país en el período 2000-2018, en torno al desarrollo de la
educación sexual en el sistema educativo formal, con el fin de aportar elementos para
comprender el contexto nacional y puntualizar algunos retos que se enfrentan. Se escogió
este período porque fue una época de importantes transformaciones, que marcaron el
devenir histórico de la educación sexual y plantean nuevos desafíos a la sociedad
costarricense, como se verá más adelante.
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INTRODUCCIÓN
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Educación sexual en Costa Rica. Tensiones y avances en las primeras décadas del siglo XXI
| Preinfalk Fernández, María Luisa
Dossier: Abordajes interdisciplinarios para el desarrollo sustentable de la sociedad costarricense
En este artículo se analizan en detalle diferentes acontecimientos sucedidos en el nuevo
siglo -clasificados por décadas- que definen el carácter de los actuales programas de
educación sexual que se desarrollan en las aulas costarricenses. El análisis se centra en los
esfuerzos estatales, ya que de acuerdo con el marco normativo nacional en materia de
niñez, adolescencia y juventud es responsabilidad del Estado -a través del Ministerio de
Educación Pública- impulsar programas de educación sexual para promover la formación
integral del estudiantado (Consejo Superior de Educación, 2001).
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ACCIONES DE LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI
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A inicios del nuevo siglo, el Derecho a la Educación Sexual era ampliamente reconocido y
respaldado en diversas declaraciones de organismos internacionales, reflejando el
consenso que existía acerca de la importancia de brindar este tipo de educación, tanto a
nivel formal, como informal. Para este momento, Costa Rica, había suscrito varios
instrumentos internacionales que referían a la educación sexual, entre otros temas, como
la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la
Mujer (CEDAW, ratificada en 1984), la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo (El Cairo, 1994), la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995) y otros. En
ellos se señalaba la obligación de los Estados de impulsar acciones que aseguraran el
cumplimiento del derecho al acceso y educación en salud sexual y reproductiva, en
igualdad de condiciones para mujeres y hombres. Asimismo, el país avanzaba en un
proceso de fortalecimiento de su normativa interna en materia de niñez y adolescencia,
que inició en 1990 con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño,
asumiendo el compromiso de ajustar su marco normativo a la Doctrina de la Protección
Integral, basada en el Enfoque de Derechos Humanos (Valverde, 2007). En este proceso
destaca la aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia (en 1998), que señala la
obligación del Estado de formular políticas educativas nacionales en torno a la educación
sexual y el compromiso de las autoridades educativas de ejecutar programas sobre salud
preventiva, sexual y reproductiva.
Los compromisos asumidos por el Estado, derivados del contexto descrito, cuyo
cumplimiento lo demandaban no solo organismos internacionales, sino también algunos
grupos organizados de la sociedad civil del país, aunado a indicadores nacionales (Chen et
al., 2001) que evidenciaban grandes vacíos de formación en educación sexual, reflejados en
los porcentajes de embarazos tempranos, la baja utilización de contraceptivos en la
primera relación sexual por parte de la población adolescente, un inicio más temprano de
las relaciones sexuales, el desconocimiento en torno a temas como el período fértil de la
mujer y el VIH-SIDA, entre otros, posiblemente fueron factores que incidieron en la
formulación de una política pública en este tema. La aprobación de las Políticas de
Educación Integral de la Expresión de la Sexualidad Humana (Consejo Superior de
Educación, 2001), fue un acontecimiento considerado revolucionario a inicios de siglo, y
que podría decirse, abría una nueva etapa en el accionar del Estado. La educación sexual
adquiría carácter de política pública y se declaraba obligatoria y transversal en el currículo
de la Educación General Básica.
Educación sexual en Costa Rica. Tensiones y avances en las primeras décadas del siglo XXI
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En este artículo se analizan en detalle diferentes acontecimientos sucedidos en el nuevo
siglo -clasificados por décadas- que definen el carácter de los actuales programas de
educación sexual que se desarrollan en las aulas costarricenses. El análisis se centra en los
esfuerzos estatales, ya que de acuerdo con el marco normativo nacional en materia de
niñez, adolescencia y juventud es responsabilidad del Estado -a través del Ministerio de
Educación Pública- impulsar programas de educación sexual para promover la formación
integral del estudiantado (Consejo Superior de Educación, 2001).
En estas políticas se plantea un abordaje de la educación sexual respetuoso de los
Derechos Humanos, con fundamentos humanistas y científicos y valores éticos, adecuada
a la etapa de crecimiento de las personas menores de edad y jóvenes; posturas que
implicaban una visión educativa más amplia, con la cual se esperaba superar el enfoque
prevaleciente, basado en aspectos reproductivos. También se reconocía que la sexualidad
constituía una problemática atravesada por la desigualdad social, por lo que el Estado
debería asumir un papel de garante de los derechos sociales y especialmente de los
derechos sexuales, lo que implicaba tener la capacidad de generar las intervenciones
necesarias en las áreas de educación y salud. (Consejo Superior de Educación, 2001). Sin
embargo, análisis detallados de estas políticas (Araya, 2003; Arias, 2006), denotarían
contradicciones en algunos de sus planteamientos. Posiblemente las tensiones entre el
Estado y la Iglesia Católica, ocurridas en las últimas décadas del siglo anterior, limitaron la
formulación de estas políticas, que no lograron satisfacer las expectativas de una parte de
la población costarricense.
Aproximadamente un año después de aprobadas las políticas, la Defensoría de los
Habitantes de la República de Costa Rica acogió una solicitud presentada por el Centro de
Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, demandando su
intervención ante el “presunto incumplimiento de la normativa costarricense en materia
de Educación de la Sexualidad y el VIH/SIDA en las escuelas y colegios, por parte del
Ministerio de Educación Pública” (Defensoría de los Habitantes de la República 2012, p.
104). Tras un estudio de la situación, la Defensoría de los Habitantes fue contundente en
concluir que, pese a las iniciativas impulsadas para incluir el tema de sexualidad en el
sistema educativo formal, éste no había sido tratado desde una visión integral y no se
había logrado integrar a la metodología y a la cotidianidad del aula.
Algunas de las limitaciones que se enfrentaban en ese momento para poner en práctica
las políticas fueron señaladas por representantes gubernamentales a mediados del 2003,
en la presentación del Primer Informe de Estado sobre la Situación de las Mujeres en Costa
Rica, ante el Comité de Expertas de la CEDAW, cuando afirmaron que la Iglesia Católica
había impedido el desarrollo de la educación sexual en el país, haciendo referencia al cierre
del Programa Amor Joven y a la imposibilidad de distribuir las Guías Sexuales, tal como
habían sido elaboradas por el MEP. Mientras que organizaciones de la sociedad civil, en el
correspondiente Informe Sombra, indicaron que la oposición de sectores conservadores y
la falta de compromiso gubernamental, habían afectado los alcances de los programas de
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Educación sexual en Costa Rica. Tensiones y avances en las primeras décadas del siglo XXI
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educación sexual, persistiendo barreras de acceso a la información sobre métodos
anticonceptivos y su distribución en los servicios de salud a personas menores de edad,
entre otros aspectos. (Chacón y Bolaños, 2003, julio 31).
El contenido del informe generó tensiones entre las autoridades estatales y la Iglesia
Católica, pronunciándose esta última en el sentido de que no se oponía a la existencia de
guías para orientar la labor educativa, sin embargo, este instrumento debía basarse en los
valores cristianos y no utilizarse como una forma de control natal y permisividad sexual.
Además, no estaba de acuerdo con que se obstaculizara el derecho de los padres y madres
de familia de educar a sus hijos e hijas en estas temáticas. (La Nación, 2003, octubre 6). Se
avivó en el país una discusión que ya se venía dando, acerca de la conveniencia de
mantener separados los ámbitos de acción del Estado. Sin embargo, la Iglesia Católica
haría otro esfuerzo por tomar las riendas de la educación sexual en el país, al entregar la
Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) al Consejo Superior de Educación, a inicios
del 2004, los libros Aprendiendo a Querer, para que se valorara su utilización en el sistema
educativo formal. La CECOR justificó la entrega de estos textos en su papel como
coadyuvante del MEP en la implementación de las Políticas de Educación Integral de la
Expresión de la Sexualidad Humana (papel consignado por el Estado en las mismas
políticas) y en la “confesionalidad católica del Estado costarricense”, que se establece en la
Constitución Política. Los libros se basaban en un enfoque cristiano y buscaban desarrollar
una visión crítica en la población estudiantil, que le llevara a encontrar su vocación de
madre o padre. (Chacón, 2004, junio 24).
Organizaciones de la sociedad civil y universidades estatales, reaccionaron en contra de
esta iniciativa de la Iglesia Católica, indicando que no se había dado una discusión abierta
de estos materiales; solicitaron al Consejo Superior de Educación abrir espacios para su
análisis. Finalmente, en diciembre de 2004, el Consejo Superior de Educación dio curso a
una nota enviada por la CECOR, en la que pedía el retiro de la solicitud de aprobación de
los libros.
Las situaciones anteriores evidenciaron posiciones antagónicas, en el marco de una
sociedad que buscaba reconformar sus valores y su forma de vida. Por una parte, la Iglesia
Católica pugnaba porque prevalecieran discursos basados en su doctrina, centrados en
valores tradicionales acerca de la familia, la heterosexualidad, el matrimonio y los roles de
género. Por otra parte, emergían voces de grupos organizados de la sociedad civil, la
academia, organismos internacionales y otros, que promulgaban la necesidad de un
cambio, el deseo de pertenecer a una cultura moderna, de adoptar los nuevos paradigmas
que se impulsaban a nivel internacional, basados en la igualdad de género, el respeto y
reconocimiento de la diversidad y la inclusión (Quesada, 2012). Los argumentos de la
Iglesia Católica “contrastan con una sociedad que no solo se enfrenta a procesos de
modernización que amplían el espectro de las prácticas sexuales, las identidades étnicas y
de las identidades de género de los individuos...” (Quesada 2012, p. 321). El debate que
generaba esta confrontación se intensificaría en la siguiente década e incidiría en el
rumbo de la educación sexual que se imparte en el país.
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En el 2004, en un esfuerzo estatal por avanzar hacia el cumplimiento de las Políticas de
Educación Integral de la Expresión de la Sexualidad Humana y alguna normativa nacional,
las autoridades del MEP y del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), mediante un
trabajo colaborativo, asumieron el reto de introducir el Enfoque de Género en el sistema
educativo y anunciaron al país que el MEP aplicaría una política de educación no sexista en
las escuelas y colegios, con el fin de rescatar los principios y valores de la equidad de
género. Se pretendía transversalizar el tema mediante el eje valores y abarcando
contenidos de salud, medio ambiente, educación para la democracia y sexualidad. Para
ello, se inició un esfuerzo por capacitar al personal de escuelas y colegios en el desarrollo
de los nuevos programas. Sin embargo, las autoridades del MEP reconocieron en ese
momento, que el principal riesgo que enfrentaba la iniciativa era su aplicación efectiva en
el aula por parte del personal docente. El tema de género no se abordaba en la formación
del profesorado y para transversalizarlo en la práctica docente se requerían cambios
culturales, que no se alcanzaban en el corto plazo mediante una capacitación.
El riesgo se concretó sin que se pudieran alcanzar los resultados propuestos. El
viceministro académico del MEP en ese momento, Wilfrido Blanco Mora, manifestó en una
consulta efectuada por un medio de comunicación nacional, que era necesario cambiar la
formación docente en el país: “Nuestras universidades no tienen personas formadas en
pedagogía que incluya la sexualidad y el sexismo. Ahora deben ser formadas de forma
diferente.” (Huertas 2004, enero 21, párr. 11). La experiencia dejaba al descubierto una gran
debilidad en el sistema educativo costarricense, el personal docente no estaba preparado
para implementar los nuevos enfoques que demandaba el marco jurídico, prevalecían
mitos, prejuicios y estereotipos en torno a la sexualidad y otros temas vinculados, que por
décadas han permeado los textos escolares y se han replicado en las aulas. Legitimar la
perspectiva de género en el campo de la educación sexual no era tarea fácil.
Este nuevo enfoque que se impulsaba desde el MEP se contraponía con las premisas de la
Iglesia Católica, que en el 2009 creó un proyecto propio de educación en sexualidad, que
se implementaría mediante la labor pastoral que se realizaba desde las Diócesis, las
parroquias y las comunidades, elaborándose las guías de sexualidad tituladas Amor y
Sexualidad, Colaboradores con la Vida Sus contenidos versaban acerca de los principios y
orientaciones sobre la persona, la familia, la sociedad, la vivencia del amor y la sexualidad.
(CECOR, 2009).
En el año 2010, en un nuevo esfuerzo por avanzar en el tema, el Consejo Superior de
Educación avaló un nuevo Plan Nacional de Educación para la Sexualidad (INEINA, 2009).
En este se detallaban los contenidos en temas de sexualidad que debían abordarse en
cada nivel de la Educación General Básica y Educación Diversificada, definidos a partir de
una consulta nacional realizada a estudiantes de escuelas y colegios, madres y padres de
familia, docentes, especialistas nacionales e internacionales, representantes de entidades
gubernamentales y organismos no gubernamentales. La nueva iniciativa planteaba que la
educación sexual no se abordara de manera transversal, sino como una materia específica;
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se daría prioridad al estudiantado de primer ciclo de la Educación Diversificada. La
proyección del MEP en ese momento, según afirmó el Dr. Leonardo Garnier, Ministro de
Educación (Teletica Canal 7, 2010), era realizar los cambios curriculares en el 2011, capacitar
a su personal docente en el 2012 e iniciar la formación del estudiantado en el 2013. Con
estas proyecciones terminaba la primera década del siglo XXI.
El Estado costarricense no había logrado poner en práctica sus propias políticas de
educación sexual y la Defensoría de los Habitantes enfatizaba que existía un retraso de casi
diez años en su aplicación (Defensoría de los Habitantes, 2012), en un contexto marcado
por presiones internas y externas que clamaban por un cambio de rumbo. Nuevamente el
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, hacía un llamado al
Estado costarricense ante la carencia de esfuerzos por educar en derechos sexuales y
reproductivos a la población adolescente, en respuesta a la problemática del embarazo
adolescente y la deserción escolar producto de esta situación (Colectiva por el Derechos a
Decidir, s.f.). Para el 2010 algunos indicadores relacionados con los nacimientos de madres
adolescentes y niñas menores de 15 años se mantenían en porcentajes similares a los
registrados 10 años atrás (INEC, 2020). Un cambio en el modelo educativo del país en
materia de sexualidad parecía urgente. (Tabla 1)
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Educación sexual en Costa Rica. Tensiones y avances en las primeras décadas del siglo XXI
se daría prioridad al estudiantado de primer ciclo de la Educación Diversificada. La
proyección del MEP en ese momento, según afirmó el Dr. Leonardo Garnier, Ministro de
Educación (Teletica Canal 7, 2010), era realizar los cambios curriculares en el 2011, capacitar
a su personal docente en el 2012 e iniciar la formación del estudiantado en el 2013. Con
estas proyecciones terminaba la primera década del siglo XXI.
El Estado costarricense no había logrado poner en práctica sus propias políticas de
educación sexual y la Defensoría de los Habitantes enfatizaba que existía un retraso de casi
diez años en su aplicación (Defensoría de los Habitantes, 2012), en un contexto marcado
por presiones internas y externas que clamaban por un cambio de rumbo. Nuevamente el
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, hacía un llamado al
Estado costarricense ante la carencia de esfuerzos por educar en derechos sexuales y
reproductivos a la población adolescente, en respuesta a la problemática del embarazo
adolescente y la deserción escolar producto de esta situación (Colectiva por el Derechos a
Decidir, s.f.). Para el 2010 algunos indicadores relacionados con los nacimientos de madres
adolescentes y niñas menores de 15 años se mantenían en porcentajes similares a los
registrados 10 años atrás (INEC, 2020). Un cambio en el modelo educativo del país en
materia de sexualidad parecía urgente. (Tabla 1)
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ACCIONES DE LA SEGUNDA DÉCADA DEL SIGLO XXI
Al iniciar la segunda década del siglo XXI, organizaciones de la sociedad civil exigían
nuevamente al Estado costarricense el cumplimiento del derecho a la educación sexual
desde un enfoque integral, de manera que hiciera efectivos los compromisos adquiridos
en la Conferencia Internacional sobre VIH/SIDA, efectuada en el 2008, en la que ministros
de Salud y Educación de América Latina y el Caribe, incluyendo Costa Rica, suscribieron la
Declaración Ministerial: Prevenir con Educación. Los países firmantes se comprometieron,
entre otras cosas, a invertir recursos en programas de educación integral de la sexualidad,
buscando reducir –antes de finalizar el 2015- en un 75% la cantidad de escuelas que no
abordaban estos temas (OREALC, 2010).
Un mes después del llamado que hicieran estas organizaciones, el MEP presentó al país
una nueva propuesta educativa en sexualidad, el Programa de Estudio de Educación para
la Afectividad y la Sexualidad Integral (MEP, 2012), con la que se pretendía superar el
abordaje prevaleciente, basado en un enfoque biologicista y de carácter informativo, y en
su lugar promover el desarrollo de procesos formativos que incorporaran la dimensión
afectiva. El país contaba, por primera vez, con un programa de educación para la
sexualidad bajo una concepción y enfoques coherentes con los compromisos
internacionales suscritos y la legislación nacional más reciente. Este constituía el avance
que por tantos años había demandado una parte de la sociedad costarricense y algunos
organismos internacionales; una propuesta educativa laica, transversalizada por el
Enfoque de Derechos Humanos y el Enfoque de Género. Al parecer se daba un
distanciamiento entre el Estado y la Iglesia Católica en la definición de políticas en materia
de educación sexual.
Educación sexual en Costa Rica. Tensiones y avances en las primeras décadas del siglo XXI
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Las reacciones de algunos sectores no se hicieron esperar y una nueva situación pondría
en riesgo la ejecución del nuevo programa. En poco más de un mes, la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica había recibido cerca de 6,500 recursos de
amparo contra el MEP, la mayoría interpuestos por padres y madres de familia católicas y
evangélicas, que solicitaban que el programa se declarara inconstitucional, argumentando
que se les había violado el principio de participación ciudadana en la toma de decisiones,
ya que no se les había consultado acerca del mismo; exigían el derecho a decidir acerca de
los principios morales y éticos y las creencias religiosas que le transmitían a sus hijos e hijas
y el derecho a educarles. En su resolución, la Sala Constitucional indicó que la actuación
del MEP de proveer educación sexual a la población escolarizada por medio del programa
es un fin válido constitucionalmente, sin embargo, no puede ser una imposición
generalizada a todo el estudiantado, pues violenta el derecho estipulado en instrumentos
internacionales de Derechos Humanos, de que los padres, las madres o las personas
tutoras decidan acerca de la educación religiosa o moral que reciban sus hijos e hijas, de
manera que se ajuste a sus propias convicciones. Por lo tanto, se resolvió que el programa
sería opcional; los padres y madres tendrían el derecho a oponerse a que sus hijos e hijas
recibieran los contenidos, si consideraban que eran contrarios a las creencias religiosas o
valores que les deseaban inculcar (derecho de objeción de conciencia). El MEP debía crear
un mecanismo que garantizara el respeto de este derecho. (Poder Judicial, 2012). A partir
de esta resolución la iniciativa se vería socavada, pues no sería posible que todo el
estudiantado recibiera el programa.
Las autoridades de la Iglesia Católica y otras agrupaciones religiosas que se manifestaron
en contra del programa argumentaron que excluía la dimensión religiosa-espiritual, tenía
un enfoque hedonista al enfatizar el placer y era necesario eliminar los planteamientos del
Enfoque de Género y la noción de diversidad sexual como construcción social, entre otros
aspectos. Estos grupos hicieron un llamado a no enviar al estudiantado a las clases de
educación sexual, pues se consideraba parcial, moral y pedagógicamente perjudicial e
instaron a las autoridades estatales a repensarlo. (Radio Fides, 2012). En una entrevista
efectuada casi 5 años después de la aprobación del programa al Dr. Leonardo Garnier,
Ministro de Educación que impulsó su creación, acerca de los factores que a su criterio
habían afectado la aplicación de esta propuesta educativa, se refirió a varios fantasmas o
temores que se habían generado en un sector de la población costarricense, refiriéndose al
tema del placer y la diversidad sexual, como promotores de las relaciones sexuales y la
homosexualidad; la ideología de género y el feminismo, como una amenaza al orden
social; y el poder de decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo. Aspectos que, a su
parecer, podrían implicar una pérdida de poder de ciertos sectores sociales. Además,
señaló que se dieron presiones de manera directa e indirecta hacia Casa Presidencial, por
parte de la Conferencia Episcopal e iglesias evangélicas para debilitar la iniciativa. (Bolaños,
2017, marzo 29).
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Pese a estas tensiones, el MEP inició las gestiones para desarrollar el programa y en el 2013
efectuó una prueba piloto con docentes de las materias de Ciencias y Orientación. El
programa se dirigió inicialmente a estudiantes de tercer ciclo de Educación General
Básica. Uno de los obstáculos fue nuevamente el mismo que se había enfrentado años
atrás, la población docente no estaba preparada para impartir las temáticas desde los
nuevos enfoques; un estudio realizado dio indicios de esta situación (León, Bolaños,
Campos y Mejías, 2013, p. 162).
Esto sucedía mientras la II Encuesta Nacional de Juventudes 2013 (Consejo Nacional de la
Política Pública de la Persona Joven, 2018) alertaba al país acerca de los bajos porcentajes
de adolescentes entre los 15 a 17 años que habían recibido en los centros educativos
información acerca de la sexualidad.
Cuatro años después de implementarse el Programa de Estudio de Educación para la
Afectividad y la Sexualidad Integral, desde la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional
de Niños se denunció públicamente el abandono de la población adolescente por parte
del Estado en materia de salud, educación y protección, basándose en los resultados de
una encuesta comparativa realizada. Se señaló que la información que manejaba el
estudiantado, referida a protección sexual, era pésima, y se presentaron cifras que se
calificaron de escandalosas. Se cuestionaba el éxito del programa a partir de la poca
capacitación del personal docente y los prejuicios de las familias, que no permitían que sus
hijos e hijas lo recibieran; aunque se reconocía que el mismo estaba bien formulado.
(Cerdas, 2017, febrero 12).
Ante la situación descrita y considerando el incremento de algunos indicadores nacionales
relacionados con la violencia hacia las mujeres y el embarazo en adolescentes, entre otros
factores, desde el MEP se le dio un nuevo empuje al Programa de Educación para la
Afectividad y la Sexualidad Integral (Cerdas, 2017, febrero 12 y Arce, 2018), aprobando el
Consejo Superior de Educción en mayo de 2017 una propuesta de reforma (sesión No. 28-
2017 del 22 de mayo del 2017). Los cambios implicaban introducir temas de género,
diversidad sexual y educación inclusiva, entre otros, desde un Enfoque de Derechos
Humanos, mediante el desarrollo de una materia denominada Educación para la
Afectividad y la Sexualidad, pero también transversalizados en otras materias y actividades
cocurriculares. Los padres y madres de familia darían la aprobación para que sus hijos e
hijas recibieran los contenidos, tal como lo había ordenado la Sala Constitucional.
En un análisis del programa, efectuado por Retana (2019), el autor evidencia que la
propuesta refleja las tensiones sociales que históricamente han rodeado este tipo de
iniciativas, al identificar en los textos elementos de diferentes agendas políticas que
buscan instaurarse en las políticas públicas del país. En los textos se trató de conciliar
diferentes visiones de la sexualidad -sobre el cuerpo, el género y el deseo-, sin embargo,
con esto no se lograban resolver los conflictos que en torno a ello se han generado, afirma
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Dossier: Abordajes interdisciplinarios para el desarrollo sustentable de la sociedad costarricense
Educación sexual en Costa Rica. Tensiones y avances en las primeras décadas del siglo XXI
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el autor. “… mientras los Derechos Humanos fungen en el texto como fundamento jurídico
y los discursos científicos como fundamento epistemológico, las explicaciones
sociohistóricas de la sexualidad aparecen en pugna con los encuadres religiosos...” (Retana,
2019, p. 138).
Previendo posibles reacciones en contra del programa, tales como las ocurridas en el 2012,
el MEP buscó estrategias de acercamiento con los padres y las madres de familia para
explicarles los objetivos, los contenidos y los cambios en el programa. Sin embargo, esto no
fue suficiente. No tardaría mucho tiempo para que resurgieran las primeras voces que
adversaban la iniciativa. Se fortaleció rápidamente un movimiento social liderado por
autoridades de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y otros grupos religiosos, así como
los denominados grupos pro-vida -colectivos como Despierta Costa Rica y No a la
ideología de género-Unidos por la familia-, además de algunos líderes políticos, que
llamaba al rescate de la familia tradicional, destacando las amenazas que sobre ésta se
podrían derivar de la llamada ideología de género y exigiendo el retiro del programa
(Cerdas, 2017, febrero 12). En el contexto de las elecciones presidenciales del 2018, se vería
como nunca, el resurgimiento de grupos religiosos fundamentalistas en la política del país,
fenómeno que también ha tomado fuerza en diversos países de América Latina y Europa,
con el apoyo de instancias internacionales de poder político y económico. Alvarenga (2018)
refiere a que “estamos ante un fenómeno religioso con potencialidades inéditas”, cuando
destaca la capacidad de expansión de estos grupos a sectores populares y sectores medios
de la sociedad, su facilidad para acumular recursos económicos, establecer vínculos con
grupos similares de otros países y la atracción de líderes políticos mediante el ofrecimiento
de votos de sus fieles (Alvarenga, 2018, p. 2).
Este movimiento opositor al programa de sexualidad coincidió con el pronunciamiento de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se daba respuesta al
Estado costarricense acerca de una opinión consultiva plateada en el 2016, sobre la
interpretación y alcance de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con
respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo, el cambio de nombre y de sexo de
una persona de acuerdo con su identidad de género, con fines registrales, y el
reconocimiento de los derechos patrimoniales en caso de parejas del mismo sexo. En el
pronunciamiento de la CIDH se indicó la obligación del Estado de reconocer esos derechos
y establecer mecanismos y procedimientos que garantizaran su cumplimiento. (CIDH,
2017).Sectores conservadores del país reaccionaron ante este pronunciamiento, afirmando
que atentaba contra la soberanía costarricense, y el entonces candidato presidencial
evangélico del Partido Restauración Nacional amenazó con retirar al país de la CIDH en
caso de ser electo presidente. En esta coyuntura, los grupos opositores establecieron una
“equivalencia estratégica” entre la llama “ideología de género” y los derechos de las
personas LGTBI, asegurando que eran estos colectivos los que trataban de imponer sus
ideas en los programas de educación sexual del país (Retana, 2019).
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Estos argumentos fueron divulgados en actos religiosos, redes sociales y otros espacios de
difusión, llegando a miles de padres y madres de familia y a la sociedad en general, que se
movilizaron en diversos lugares del país para manifestar su descontento contra el
programa. La fuerza de este movimiento se reflejó en la marcha multitudinaria por la
defensa de la vida y la familia y en contra de la “ideología de género” y los Programas de
Afectividad y Sexualidad, efectuada en diciembre de 2017, en la que se entregó una
solicitud para que se modificaran los contenidos de los programas y se exigía la renuncia
de la Ministra de Educación (Recio, 2017, diciembre 7).
Por otra parte, en este contexto de presiones hacia el MEP y el Gobierno, también se
escuchaban otras voces de la sociedad civil -principalmente organizaciones en pro de los
Derechos Humanos-, algunas universidades, varios gremios profesionales, representantes
de instancias gubernamentales y otros, que defendían la necesidad de contar con
programas de esta naturaleza. Estas tensiones se manejaron, a nivel de los medios de
comunicación, como si la sociedad costarricense estuviera polarizada a favor o en contra
del programa -aunque se reflejaban otros posicionamientos-.
Asimismo, varias municipalidades de diferentes cantones del país, instituciones de
educación superior, colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales, padres y
madres de familia, entre otros, enviaron al Consejo Superior de Educación notas
solicitando el cierre o modificación del programa o bien apoyando las acciones propuestas
(Consejo Educación, 2018).
En el contexto de las elecciones presidenciales, las tensiones existentes se resolvieron a
través de una negociación entre el partido ganador -Partido Acción Ciudadana- y el
Partido Unidad Social Cristiana, eliminándose algunos contenidos del programa (Retana,
2019).
Como se había previsto, el Programa de Educación para la Afectividad y la Sexualidad
Integralse empezó a implementar en el curso lectivo 2018 en los colegios públicos del país.
En el caso del estudiantado de 10º año, los padres y madres de familia tendrían la potestad
de decidir si sus hijos e hijas asistirían a la lección semanal de Educación para la
Afectividad y Sexualidad; para el estudiantado de tercer ciclo los contenidos serían
obligatorios al estar incorporados a materias particulares. Los colegios privados no
tendrían la obligación de impartir los programas, ya que sus contenidos no forman parte
de las temáticas evaluadas para promocionar al estudiantado de un nivel a otro. En el caso
de las escuelas, los temas de afectividad y sexualidad estaban incorporados a los
programas de estudio oficiales aprobados por el Consejo Superior de Educación, por lo que
tanto los centros de enseñanza públicos, como privados, estaban en la obligación de
impartirlos.
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Los hechos descritos muestran la complejidad en torno al cumplimiento del derecho a la
educación sexual en Costa Rica. Las tensiones se suceden en un escenario emergente en
el que se entretejen intereses políticos, culturales, económicos y de otra índole, que sin
duda genera nuevos retos para la institucionalidad costarricense. Terminando la segunda
década del siglo XXI una parte de la población costarricense quedaba nuevamente con un
sin sabor en materia de educación sexual, ante lo que consideraba una deuda que no se
había podido saldar en casi 50 años. (Tabla 2).
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CONCLUSIONES
Medio siglo después de que se articularan las primeras acciones por educar a la población
costarricense joven en sexualidad, persiste un debate no resuelto, con posiciones
irreconciliables en torno a los enfoques más pertinentes para este tipo de formación; el
único punto de encuentro claro, parece ser el reconocimiento de la importancia que tiene
la educación sexual para este grupo poblacional y el beneficio de impartirla en el sistema
educativo formal.
En la investigación documental realizada se identificaron dos hechos trascendentales que
marcan un cambio de rumbo en la historia de la educación sexual costarricense. El
primero de ellos, ocurrido a inicios del nuevo siglo, es la aprobación de las Políticas de
Educación Integral de la Sexualidad Humana, con lo cual la educación sexual adquiere
carácter de política pública, abandonándose las iniciativas cortoplacistas y promoviéndose
esfuerzos permanentes y de carácter intersectorial. El otro hecho, que se da en la segunda
década estudiada, es la aprobación del Programa de Estudio de Educación para la
Afectividad y la Sexualidad Integral, propuesta educativa basada en un abordaje integral
de la sexualidad, desde enfoques que promueven los derechos humanos, la igualdad de
género y la inclusión social, que busca ser coherente con los compromisos internacionales
suscritos y la legislación nacional.
La mayor parte de los esfuerzos estatales realizados a lo largo de la primera década
estudiada -incluyendo la formulación de las políticas- denotan un Estado conciliador y
permisivo, que facilita a algunos actores sociales marcar el rumbo de las acciones. Mientras
que con la aprobación del Programa de Estudio de Educación para la Afectividad y la
Sexualidad Integral se evidencia una mayor apropiación por parte del Estado de los
enfoques emergentes a nivel internacional. Sin embargo, la pugna que se venía dando
entre las autoridades gubernamentales, que impulsaban los nuevos enfoques, y quienes
defendían otras visiones de la sexualidad, se agudizó con esta aprobación, fortaleciéndose
rápidamente un movimiento social que logra socavar esta iniciativa estatal.
Finalizando la segunda década del siglo XXI, el país se enfrenta a un escenario complejo
para dar cumplimiento al derecho a la educación sexual, en el que se entretejen intereses
políticos, culturales, económicos y de otra índole, que genera nuevos retos para la
institucionalidad costarricense. En este contexto, la apertura de espacios de encuentro y
diálogo serán indispensables para la construcción de propuestas formativas en las que el
centro de las acciones sea la población joven y la atención de sus necesidades, con el fin de
garantizar su derecho a educarse en sexualidad.
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