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237Diálogos Revista Electrónica de Historia, 21(2): 237-246. Julio-diciembre, 2020. ISSN: 1409-469X · San José, Costa Rica
DOI 10.15517/dre.v21i2.39693
PUERTO RICO: EL COLAPSO DE UN PAÍS. UNA
REFLEXIÓN SOBRE EL DEBACLE DE LA INDUSTRIA
AZUCARERA, LAS PETROQUÍMICAS Y LA SECCIÓN 936.
Javier Alemán Iglesias
Resumen
En este trabajo se tiene como objetivo central examinar las implicaciones
socioeconómicas de la desintegración de la economía de Puerto Rico a partir de
la segunda mitad del siglo XX usando como centro de estudio los casos de la
industria azucarera, la industria de la petroquímica (CORCO) y las industrias
bajo el sector de la sección 936. Los tres sectores fueron, en su momento, de
apogeo y las actividades más importantes en la economía puertorriqueña durante
el siglo XX; no obstante, los tres sectores fueron desplazados y arruinados por
situaciones locales e internacionales, causando una de las crisis económicas
más grandes de nuestra historia contemporánea.
Palabras clave: bancarrota, desempleo, crisis económica, pobreza, gobierno.
PUERTO RICO: THE COLLAPSE OF A COUNTRY.
AN INITIAL REFLECTION ON THE DEMISE OF THE SUGAR
INDUSTRY, PETROCHEMICALS, AND SECTION 936.
Abstract
In this work, the main objective is to examine the socio-economic implications
of the disintegration of the economy of Puerto Rico from the second half of the
twentieth century, using as a center of study the cases of the sugar industry, the
petrochemical industry (CORCO), and the industries under the section of 936
sector. The three sectors were at their peak and the most important activities in the
Puerto Rican economy during the twentieth century; However, the three sectors
were displaced and ruined by local and international situations, causing one of the
largest economic crises in our contemporary history.
Keywords: socio-environmental bankruptcy, unemployment, economic crisis,
poverty, government.
Fecha de recepción: 15 de noviembre de 2020 • Fecha de aceptación: 6 de marzo de 2020
Javier Alemán Iglesias • Universidad Ana G. Méndez, Sede Gurabo, Puerto Rico.
Contacto: jaleman8_8@hotmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9770-448X
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INTRODUCCIÓN
El 3 de mayo de 2017, a meses de haber comenzado como gobernador, Ricardo
Rosselló Nevares declaró la quiebra de Puerto Rico (territorio bajo la jurisdicción de
Estados Unidos desde 1898) con el n de reestructurar la deuda pública que se estima
en unos $ 70 000 millones de dólares. Según Rosselló, su decisión de acogerse al Título
III por medio de la Ley federal estadounidense (Ley de Supervisión, Administración
y Estabilidad Económica de Puerto Rico del 2016, conocida por sus siglas en inglés
como Ley Promesa) fue para atender la crisis nanciera de la isla luego que nalizara la
moratoria que impedía a los acreedores acudir a los tribunales para reclamar el pago de
la deuda al Estado Libre Asociado (El ELA es la relación jurídica entre Estados Unidos
y Puerto Rico desde el 1952). Ese Puerto Rico en bancarrota a nivel general, según las
estadísticas gubernamentales y reseñas de los periódicos locales, experimenta una tasa
aproximada de pobreza del 45%, un desempleo que uctúa entre un 12% a un 18%, una
economía subterránea de 46%, 1,4 millones de ciudadanos dependientes de asistencia
social federal, un 92% de importación en los productos de consumo y de una reduc-
ción demográca histórica a causa de la migración masiva hacia diversos estados de
los Estados Unidos. Adicional, este triste cuadro se complicó cuatro meses después al
enfrentarse al reto más grande de los últimos 80 años de su historia, que fue el azote del
huracán María (Schwartz, 2018). Todos estos escenarios sin duda alguna incrementaron
la desigualdad en gran parte de la isla. En n, la economía del país había colapsado.
Ante esa nueva realidad y descartando las posturas ociales de los partidos
principales, como también ante la negatividad de auditar la deuda, es medular analizar
las razones que provocaron tal difícil situación como también identicar quiénes son
los responsables de generar la crisis económica puertorriqueña. Por tal razón, se
tiene como objetivo central examinar las implicaciones socioeconómicas de la desin-
tegración de la economía de Puerto Rico a partir de la segunda mitad del siglo XX,
usando como centro de estudio los casos de la industria azucarera, la industria de la
petroquímica (CORCO) y las industrias bajo el sector de la sección 936. Los tres
sectores fueron en su momento de apogeo y de las actividades más importantes en la
economía puertorriqueña durante el siglo XX; no obstante, los tres sectores fueron
desplazados y arruinados por situaciones locales e internacionales, causando una de
las crisis económicas más grandes de nuestra historia contemporánea.
EL MONOCULTIVO PUERTORRIQUEÑO: AUGE Y
DECADENCIA DE LA INDUSTRIA AZUCARERA
El 25 de julio de 1898 las tropas militares estadounidenses desembarcaron en la
isla de Puerto Rico como resultado de los planes de expansión por el Caribe del país
invasor (García, 2013). Arma Andrés Ramos Mattei (1974) en el artículo “Las inver-
siones norteamericanas en Puerto Rico” que, a dos semanas de la invasión, arribó en el
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municipio de Ponce un vapor (barco) de hombres de negocios interesados en conocer la
disponibilidad de terrenos y de las ventajas comerciales e industriales que la isla podía
ofrecerles. Ese grupo fue el primero de cientos que llegaron a suelo borincano durante la
primera década del siglo XX en búsqueda de hacer riquezas en suelos tropicales. A partir
de entonces, la industria azucarera puertorriqueña experimentó un auge sin precedentes,
provocando la generalización del monocultivo insular. La razón principal para explicar
dicho fenómeno fue la inclusión de la isla en el año 1901 como territorio doméstico (libre
de impuestos y no extranjero) de los Estados Unidos dentro de los artículos del Código
de Rentas Internas de la Ley Foraker (Ayala & Bernabe, 2011). Tal medida facilitó la
inversión de empresarios, comerciantes, banqueros y otros, atraídos por las sustanciales
ganancias del mercado de la caña. Para el año 1910, ya se habían establecido más de
40 centrales azucareras de capital extranjero y nativo alrededor de toda la isla (García,
2013). Durante esos años, entre la segunda década y la mitad de la siguiente, la industria
experimentó una bonanza sin precedentes a la cual se le llamó “la danza de los millones”.
No obstante, entre nales de la década del veinte y principios de la próxima,
la isla experimentó varios escenarios que comenzaron a perjudicar la industria del
dulce. El 20 de septiembre de 1928, el huracán San Felipe azotó el país causando
pérdidas signicativas a la industria y sus cosechas. Como si fuera poco con el esce-
nario descrito, ocurre la Gran depresión de 1929 que se extendió por gran parte de la
década del treinta, aumentando la crisis de los agricultores y la producción en general
por la falta de capital (Dietz, 2002). En medio de esa situación, el 26 de septiembre de
1932 nuevamente la isla es azotada por un huracán, San Ciprían, incrementado la crisis
de la economía local, principalmente, en el sector de la industria del azúcar. Uno de los
ejemplos que podemos destacar para describir tal situación y sus consecuencias fue la
repentina quiebra de la corporación United Porto Rico Sugar Company (UPRSC), que
era en ese momento una de las cuatro corporaciones ausentitas más grandes del país.
Por otro lado, se puede señalar que a estos fenómenos se le añaden otros tres sucesos
que sin duda alguna marcaron el inicio de la decadencia de la industria puertorriqueña.
El primero es la aplicación de la Ley de Ajuste Agrícola en los EE. UU. y sus territorios
en mayo de 1933 (Medina, 2015). Con esta ley en vigor, el Departamento de Agricul-
tura de los Estados Unidos limitó la producción del azúcar y asignó cuotas anuales a
los estados y territorios productores del dulce para evitar la caída de los precios, como
resultado o consecuencia de la gran depresión de 1932. En el caso de Puerto Rico, se
asignó 821 000 toneladas, siendo esta cantidad menor a la esperada por los sectores
productores que estimaban 1 000 000 toneladas de azúcar (Medina, 2015).
En segundo lugar, el gran debate que generó la discusión del Plan Chardón en el
Senado que buscaba reformar la industria y sustituir una gran parte de las tierras dedi-
cadas a la caña por cultivos de frutos menores. Finalmente, en tercer lugar, la creación
de la Cooperativa Azucarera de Puerto Rico en 1937 a través de la PRRA que adquirió
la Central Lafayette en Arroyo y la Central Los Caños en Arecibo, siendo el modelo la
primera ocasión que el gobierno operó algunos aspectos de la industria (Tapia, 2014).
Estos tres hechos sin duda alguna provocaron grandes cambios durante los años siguientes.
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Posteriormente, el ascenso del Partido Popular Democrático a partir de 1940
y su interés por desarrollar su proyecto de modernidad y de socializar la tierra entre
los campesinos del país los llevó a implementar la Reforma Agraria por medio de la
Ley de Tierras de marzo de 1941 (Nazario, 2014). Esta medida enfatizó la aplicación
de la Ley de los 500 acres, ignorada desde el momento en que se rmó en 1900 por
la oligarquía y los sectores latifundistas, y autorizó al gobierno de Puerto Rico a
expropiar a toda persona o compañía el excedente a las 485.6 acres de terreno. Desde
ese momento, el gobierno de Puerto Rico, dirigido por la Autoridad de Tierras, se
convirtió en el máximo poseedor de la tierra en la isla y el sector agrícola más afec-
tado durante el proceso fue la industria del azúcar. Gran parte de la tierra expropiada
se destinó a proyectos sociales como la repartición de parcelas y creación de Fincas
de Benéco Proporcional, pero también a proyectos estratégicos como fueron los
establecimientos de bases militares estadounidense (Ayala & Bernabe, 2011).
Por otro lado, hay que señalar que durante esa década de la segunda posguerra
ocurren cambios sustanciales como lo fue la Operación Manos a la Obra y el énfasis
o el “afán” del Estado por modernizar, que sin duda alguna tuvo repercusiones
directas en los espacios o terrenos cañeros desplazados para el uso de nuevas indus-
trias, construcción de obras públicas o comerciales. Como consecuencia de dicha
transformación junto a los altos costos de producción, la desfase entre la mecaniza-
ción de la fábrica y las tecnologías del campo, el tiempo muerto y los bajos salarios,
la inestabilidad del mercado y la demonización de la industria entre esa década del
cuarenta hasta nales de los sesenta, cierran en la isla alrededor de 22 centrales
azucareras (Zanetti, 2012). Una decena de municipios de diferentes regiones del país
experimentaron cambios sustanciales en la economía a causa de la pérdida masiva de
empleos directos e indirectos. Cabe destacar que muchos establecimientos de servi-
cios, comidas y otros, se nutrían de las operaciones de los cañaverales, las colonias y
de la factoría central, por lo cual se detuvo la actividad en la economía local.
Según las estadísticas sobre el grupo trabajador del Departamento del Trabajo,
para el año 1950 hubo 33 000 agricultores desempleados y de esa cantidad 24 000 eran
de la industria de la caña, representado un 73% de desempleo del sector agrícola. Para
el 1964 se encontraban desempleados 19 000 agricultores de los cuales 12 000 eran de
la industria azucarera, representando un 64%, reejando una disminución porcentual
que se debió principalmente a que muchos de los agricultores comenzaron a trabajar
en otras industrias y otros migraron hacia los Estados Unidos. Respecto a este último
señalamiento, se encuentra que el gobierno de Puerto Rico, para contrarrestar la situa-
ción, utilizó el Negociado de Empleos y Migración del Departamento del Trabajo a
través de un programa de relocalización de agricultores desempleados para que fueran
a trabajar a los Estados Unidos. Según las estadísticas del Departamento, entre los
años 1947 al 1961 migraron alrededor de 152 253 agricultores y estos se establecieron
en los estados de New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts, Indiana,
New York, Minnesota, Washington, Delaware, Michigan y Wisconsin, provocando
tal migración un nuevo capítulo en nuestra historia contemporánea (Meléndez, 2017).
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Sin embargo, llama la atención que mientras el gobierno auspició la migración
masiva de agricultores de caña a los Estados Unidos, así como el establecimiento
de industrias con exenciones contributivas en zonas metropolitanas que facilitó la
mudanza del campo a la cuidad; por otra parte, estaba subsidiando y alimentando una
industria notablemente en decadencia. Es decir, el 25 de junio de 1969, el gobernador
Luis A. Ferré rmó la Ley 24 que llevaba como título Programa de Rehabilitación
de la Industria Azucarera (PRIA). Esta nueva ley asignó la cantidad de 100 millones
de dólares para recuperar la producción del dulce, ya que, en los últimos años y
principalmente la zafra de 1968, su producción nacional había descendido a 478
000 toneladas, siendo la más baja en casi medio siglo (Baralt, 2011). Además de esa
cantidad de dinero, el gobierno operaba las Centrales Cambalache, Central Fajardo
y la Central Juncos. Es decir, que la inversión del estado en la industria durante ese
periodo era sustancial, teniendo en cuenta que ya la caña de azúcar había sido despla-
zada como el producto principal de exportación por la industria del atún.
Por otro lado, se ha encontrado que, de esos 100 millones, 61 fueron mal usados
y peor aún, se endeudaron con 95 millones adicionales en el proceso de rehabilitar
la industria. Los dos gobiernos siguientes, los de Rafael Hernández Colón y Carlos
Romero Barceló continuaron la política de Ferré, sosteniendo la industria hasta princi-
pios de los 90, que, zafra a zafra, presentaba pérdidas millonarias para el país. De igual
forma cabe señalar que bajo el primer cuatrienio de Hernández Colón (1973-1976) se
creó, el 29 de marzo de 1973, la Corporación Azucarera de Puerto Rico (CAPR) con el
propósito de centralizar las operaciones de la industria. Es ese proceso adquirieron la
Central Plata, Central Roig, Central Coloso, Central Guánica, Central Aguirre, Central
Eureka, Central Igualdad, Central Mercedita, las renerías Roig, Mercedita e Igualdad
por la cantidad de $32 400 000 millones de dólares. A partir de entonces toda la industria
estaba en manos de la Autoridad de Tierras, Agencia del Departamento de Agricultura
de Puerto Rico. Al nacionalizar la empresa, la situación no mejoró y la nueva corpora-
ción tuvo que decidir, entre principios de la década de los 70 hasta mediados de los 90,
cerrar 14 centrales adicionales, entre ellas algunas de las más importantes como eran la
Guánica (1981), Aguirre (1990) y La Plata (1996). Tal situación empeoró las nanzas
de la corporación y tuvo que desembolsar más de 15 millones durante el periodo seña-
lado a los empleados y obreros cesanteados luego del cierre de las centrales.
Con esta situación y ante un estado crítico de la industria, la baja productividad,
la escasez de mano de obra y el aumento de sus deudas, el exgobernador Pedro Roselló
rmó la Ley 189 de septiembre 1996, en la cual liquidó y privatizó la Corporación Azuca-
rera de Puerto Rico. En la transacción transrió todos los activos y bienes muebles a la
corporación Empresas Colonos de las Centrales Roig y Aguada. Esta empresa tuvo la
misma suerte que la corporación anterior y continúo aumentando deudas zafra tras zafra
hasta que decidieron nalizar las operaciones. La Central Roig nalizaría operaciones
en 2001 y la Central Coloso en 2002, quedando en la calle alrededor de 3 500 empleados.
Con el cierre de ambas factorías, la industria azucarera puertorriqueña llegó a su n,
cerrando un capítulo de una historia económica que data sus inicios desde el siglo XVI.
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No obstante, con el cierre la triste situación no nalizó ahí. Al consultar varias vistas
públicas del estado de Puerto Rico con la Autoridad de Tierras, se pudo encontrar un
memorial explicativo sobre el presupuesto scal para el año 2017, en la cual dicha
corporación alega tener una deuda de $22 446 680 de la Corporación Azucarera
(eliminada en 1996). El balance pendiente se desglosaba en planes de retiro, conve-
nios colectivos, acciones legales, obligaciones ambientales, entre otras, los cuales
aún no han sido satisfechos por esperar alguna asignación de la Cámara Legislativa.
LA ETAPA FINAL DE LA OPERACIÓN MANOS A LA
OBRA: LA INDUSTRIA DE LAS PETROQUÍMICAS
La isla de Puerto Rico, a partir del 1941, experimentó una serie de transforma-
ciones políticas, económicas, sociales y culturales provocadas principalmente por los
escenarios internacionales como fueron la Segunda Guerra Mundial, la expansión del
capitalismo y el proceso de descolonización, entre otros. A nivel local, esas trasforma-
ciones estuvieron dirigidas por el ascenso del Partido Popular Democrático y su líder
Luis Muñoz Marín, que tenían como uno de sus objetivos mejorar las condiciones
económicas y sociales de los puertorriqueños desarticulando el poder económico de
los monopolios azucareros. La visión del PPD y su liderato causó una nueva etapa en
la historia que facilitó la industrialización “parcial” del país. Esto ocurre al rmar en
1947 la Ley de Incentivos Industriales de Puerto Rico para empresas puertorriqueñas,
estadounidenses e internacionales y al iniciar la promoción del sistema de incentivos
contributivos federales que ya estaban disponibles para las empresas estadounidenses
que hicieran negocios en Puerto Rico (y otras posesiones de EE.UU.). A ese proyecto
se le llamó Operación Manos a la Obra que estuvo dirigido por Teodoro Moscoso,
convirtiéndose en la prioridad principal de la Compañía de Fomento Industrial de
Puerto Rico, la cual se había organizado en 1942 con el propósito de que el estado
operara empresas (vidrio, botellas, fábricas de papel y cajas y una planta de cerámica y
una fábrica de zapatos) y del Banco de Fomento de Puerto Rico (Dietz, 2002).
El objetivo del proyecto fue atraer masivamente industrias de capital externo
(estadounidense) por medio de benecios de exenciones contributivas a nivel local y
federal sobre los ingresos y la propiedad. La Operación Manos a la Obra estuvo divi-
dida en dos etapas esenciales y fueron muy distintas en sus actividades. Por ejemplo,
la primera etapa se desarrolló desde 1947 hasta principios de 1960 en la cual las
corporaciones (principalmente de los EE.UU.) que se establecían en la isla hacían
uso intensivo de la mano de obra y requerían relativamente poco capital, por lo cual
pagaban muy bajos salarios (Curet, 2003).
La segunda etapa, se desarrolló desde principios de los sesenta con el obje-
tivo de aumentar los salarios de los puertorriqueños. Por lo tanto, la Compañía de
Fomento se propuso extender y atraer industrias de capital intensivo como lo fue
la industria de las petroquímicas, que usaban mano de obra diestra y semidiestra.
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La industria petroquímica nace en Puerto Rico como parte de la última etapa del
programa Operación Manos a la Obra y, ya para el año 1953, se había construido
la infraestructura para la producción de los derivados del petróleo entre los muni-
cipios de Peñuelas y Guayanilla. De todas las corporaciones que se establecieron
durante ese periodo histórico, la que más se destacó en ese sector fue la compañía
Commowelth Oil Refening Company, Inc., mejor conocida como CORCO (Baralt,
2011). La misma es una compañía organizada bajo las leyes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, que incluyó una renería de petróleo con capacidad de 161
000 barriles diarios y ocho plantas petroquímicas. La renería producía gasolina,
queroseno, combustible para aviones a reacción, aceite diesel, aceites combustibles,
propano, butano y otros productos derivados del petróleo.
El gobierno dirigió todos sus esfuerzos hacia esta industria y apostó que el creci-
miento económico bajo este sector sería el futuro del país. Entre la década del 60 y
principios de los 70, los ingresos de estas corporaciones representaban gran parte del
ingreso bruto del país, desplazando la agricultura y otros sectores menores de manufac-
turas (Dietz, 2002). Además de inyectar la economía de Peñuelas y Guayanilla, otros
municipios adyacentes se beneciaron por los empleos creados directos e indirectos
como también en el ofrecimiento de servicios. Sin embargo, la Guerra de Yom Kippur
y el apoyo de los Estados Unidos y Occidente a Israel provocó la crisis del 1973 en
el Medio Oriente. La consecuencia principal fue que los países Árabes Exportadores
(OPEP) del petróleo bloquearon por un corto tiempo sus exportaciones para aumentar
el precio del crudo. Los Estados Unidos, que era uno de los países que más dependía de
las importaciones del oro negro, tuvieron que dejar de comprar petróleo para renarlo
en Puerto Rico a causa del embargo, provocando el n de la bonanza. Para los Estados
Unidos, traerlo a renar a la isla le costaba mucho dinero. En 1982, CORCO se declaró
en quiebra cerrando un capítulo más de la historia puertorriqueña.
LA SECCIÓN 936: EL ÚLTIMO MODELO DE
CRECIMIENTO ECONÓMICO, 1976-2006
Ante la nueva crisis del petróleo, la salida inminente de ese negocio y la pérdida
de capital, el gobierno logró que el Congreso rmara a la sección 936. Esta medida era
un artículo del Código de Rentas Internas que determinaba los estatutos contributivos
federales para las corporaciones de los Estados Unidos que se establecían en las “pose-
siones de los Estados Unidos” (Dietz, 2002). A partir de entonces miles de fábricas,
farmacéuticas y empresas de tecnologías se establecieron en Puerto Rico en búsqueda de
los benecios que recibían bajo las 936, creando miles de empleos y causando un creci-
miento económico inesperado (Baralt, 2011). No obstante, las exenciones contributivas
crearon un gran malestar en diversos sectores de los Estados Unidos como el Departa-
mento del Tesoro, el movimiento obrero y varios senadores del Congreso, ya que soste-
nían que Puerto Rico se había convertido en un paraíso scal para evadir contribuciones.
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La situación comenzó a generar presión y provocó varias enmiendas en las
disposiciones del Código. Además, con el comienzo de la globalización y la desregu-
lación de leyes laborales junto al tratado económico NAFTA, Puerto Rico dejó de ser
atractivo para muchas empresas, ya que conseguían mejores benecios en otros países
del continente. Ante tal escenario, en 1996 el presidente Bill Clinton derogó la sección
936, permitiendo 10 años de gracia para aquellas empresas que quisieran permanecer
con sus operaciones en la isla (Curet, 2003). A raíz de la eliminación, poco a poco
decenas de fábricas fueron cerrando operaciones y cesanteando sin compensación
alguna a los trabajadores, lo cual incrementó aceleradamente el camino a la gran crisis
económica que estalló en el año 2005. Llama la atención que uno de los benecios
de las exenciones contributivas para estas industrias era que sus empresas podían
repatriar el 90% de sus ganancias y en el caso de las 936 (Muñiz, 2013), a excepción
de los empleos de las farmacéuticas, todos los demás empleos eran salarios bajos sin
ninguna otra compensación laboral. Por lo cual, aunque los incentivos de la sección
936 fueron importantes para el país (en su momento), se piensa que ese modelo no
aportó al desarrollo en general del país ni tampoco al desarrollo humano.
LAS IMPLICACIONES SOCIOECONÓMICAS DE LA
DESINTEGRACIÓN DE LAS INDUSTRIAS
Luego de analizar ese contexto, se pudo encontrar que luego de la desintegra-
ción de la industria azucarera, las petroquímicas y las fábricas de la sección 936 en
la mayoría de los municipios que dependían de esas industrias, todos los indicadores
económicos disminuyeron drásticamente y aumentaron con relación a la dependencia
o ayuda del estado. En el caso del nivel de pobreza, todos esos municipios se encuen-
tran entre 60,5 al 70,0% bajo esa categoría, es decir, tres cuartas partes de la población.
Cuando se coteja las estadísticas del Departamento de la Familia de la asistencia nutri-
cional o mejor conocido como el PAN, se identica que los municipios de San Sebas-
tián, Guánica, Salinas y gran parte del litoral sureste son los mayores beneciarios de
dicha ayuda federal (Colón, 2011). Respecto a la deuda municipal, el 92% de esos
municipios llevan más de 10 años con décit scal que uctúa entre 4 a 7 millones de
dólares anuales. Por otro lado, cuando se mira el desempleo por municipio, al menos
las estadísticas de los últimos 40 años del Departamento del Trabajo (en la serie histó-
rica), se encuentra que los municipios más afectados por la inactividad laboral son los
que fueron agrícolas, principalmente los de caña, aunque también en la última década
incrementó el número en las regiones que dependían de las empresas de la 936. Otro
aspecto signicativo es la disminución demográca en estas localidades, pues miles de
trabajadores y sus generaciones siguientes continuaron con la tendencia de buscar en
zonas más desarrolladas, o la zona “metro”, algún empleo como también migrando a
los Estados Unidos, provocando el aumento de diversos lugares abandonados y menos
recaudos para el estado o el municipio (Meléndez & Vargas, 2014).
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En el caso concreto del cierre de la Central Guánica en 1981, se identica que
causó el desempleo que ascendió a un 50% y el poblado de Ensenada se convirtió en
uno de los más necesitados del suroeste de la isla (Ramos, 2002). El cambio físico,
económico, social, y estético luego del cierre, fue notable como también el aumento
del crimen y el uso de drogas según muestran los índices del Departamento de la
Policía. La mayoría de las estructuras usadas por la Central fueron abandonadas,
empobreciendo aún más el poblado. Todos esos efectos son palpables en lugares
cañeros e industriales, donde no se pudo implementar alguna estrategia transicional
para minimizar el impacto de la desaparición de las industrias señaladas.
CONSIDERACIONES FINALES
Para nalizar se sugiere que la falta de un modelo económico transitorio dirigido
por el estado y el capital privado en los inicios de la globalización durante el proceso de
la desaparición de la industria azucarera, las petroquímicas y los incentivos de la sección
936 provocó en las regiones o sectores donde se llevaban a cabo esas actividades econó-
micas un sinnúmero de complicaciones socioeconómicas y ambientales. Tal situación
causó en la mayoría de los municipios una gran recesión a raíz de los miles de empleos
que se perdieron con el n de las industrias, incrementando el deterioro y el abandono en
los barrios y lugares adyacentes. Por otro lado, la falta de trabajo obligó a muchos agricul-
tores, obreros y técnicos a relocalizarse a otros municipios de la isla donde se desarrollaba
el modelo en los empleos de servicio y turismo, y otros a migrar a los EE.UU. Los que
permanecieron en los lugares mencionados poco a poco comenzaron a depender de las
ayudas sociales federales o la dependencia del estado para obtener el sustento diario, lo
cual causó un estancamiento económico en la región y aceleró el deterioro físico y humano
en dichas localidades, reejando notablemente una mayor pobreza y desigualdad. Peor
aún, el gobierno, en el afán de eliminar el monocultivo e industrializar el país, extinguió
la agricultura y dejó sin la posibilidad de convertir el país en autosuciente en cuanto a
alimentación al no considerar que el futuro era (o es) diversicar la producción agrícola.
Además, cerró cualquier plan futuro para que los puertorriqueños tuvieran un transporte
colectivo al eliminar el ferrocarril e introducir los vehículos de motor.
Por otra parte, el negocio del azúcar provocó un impacto ambiental signi-
cativo ya que durante el proceso de producción se depositaron desperdicios en
los ríos cercanos a sus fábricas. Adicional, luego de su cierre tampoco hubo una
limpieza de sus ruinas o lugares adyacentes, incrementando la contaminación en esos
lugares. Muchos de estos son usados clandestinamente como vertederos de basura
o viviendas ilegales de usuarios de drogas. En el caso de las petroquímicas, que
principalmente operaron en los municipios de Guayanilla y Peñuelas, consta que sus
tierras, aires y acuíferos siguen contaminados con químicos como benceno, tolueno,
benceno etílico, xileno, naftalina, entre muchos otros. En el caso del aire de la zona,
se encuentran muchísimas partículas nas con metales pesados que pueden causar
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(o causan) enfermedades respiratorias, cardiovasculares y hasta cáncer. Finalmente,
en el caso de empresas de la sección 936, principalmente las empresas farmacéu-
ticas, es de conocimiento público que los niveles de contaminación de los terrenos y
corrientes de aguas son altísimos a causa de los desperdicios tóxicos, principalmente
carcinógenos, depositados ilegalmente por estas empresas como también al aire por
las partículas de químicos que se desprenden del proceso de fabricación.
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