Hugo Chávez

Introducción

A pesar de la diatriba académica que ha rodeado al concepto de populismo por largos años en la búsqueda de su significado, la discusión parece haber encontrado cierto sosiego al ubicarlo en su esfera de dominio principal: la política. En efecto, reconocidos estudiosos del fenómeno como Kurt Weyland, Francisco Panizza, Carlos de La Torre o Enrique Peruzzotti, coinciden en esta manera de concebirlo y abordarlo. Según Weyland (2004, pag. 36) el populismo se define mejor como “una estrategia política a través de la cual los líderes personalistas buscan o ejercitan el poder de gobierno basados en el apoyo directo, no mediado ni institucionalizado de un gran número de seguidores que son principalmente desorganizados”. Un líder carismático, argumenta Weyland, gana extenso respaldo logrando “representar” a la gente que se siente excluida de la política nacional con la promesa de salvarla de la situación de crisis provocada por las elites privilegiadas.

Hugo Chávez, un outsider de la política, encaja perfectamente en esta óptica. Desencantados de las organizaciones políticas históricas, los venezolanos vieron en su figura carismática al líder capaz de redimir al pueblo oprimido y olvidado por los “cogollos” partidistas (“cogollos” es el nombre que se le da popularmente a las elites en Venezuela). Su proveniencia de los cuarteles y no de la política, le ayudaron en esta travesía. Alcanzado el poder, Chávez se distinguió por construir un vínculo directo entre él y sus seguidores. Pronto las instituciones liberales se convirtieron en una molestia que solo servían para torpedear la voluntad del líder en su lucha por la emancipación de los pobres. Ejercitando el poder autoritariamente, Chávez disminuyó la democracia venezolana de modo sensible; paradójicamente, en nombre de una democracia participativa, santo y seña de su oferta revolucionaria.

El texto que sigue intenta resumir en pocas cuartillas, lo que de suyo brinda
material para incontables páginas. De allí que se haga un gran esfuerzo por focalizar los grandes asuntos que contribuyen a entender al régimen chavista en sus trece años de existencia. La génesis del movimiento bolivariano; su llegada al poder; la asunción del pueblo como la propia persona de Chávez; el nacionalismo y su par ideológico: el antiimperialismo; el militarismo; la democracia participativa; el socialismo del siglo XXI son, entre otros, aspectos imprescindibles en esa tarea. Más allá de su carácter populista, finalmente se caracteriza al régimen de acuerdo a otros rasgos de su naturaleza política.

Arqueología del movimiento bolivariano: la larga marcha hacia el poder.

En las primeras horas del 5 de febrero de 1992, una figura completamente desconocida para los venezolanos, ocupa las pantallas de todos los televisores del país. Es la figura de Hugo Chávez Frías, un oficial de las Fuerzas Armadas Nacionales quien toma por sorpresa a todos al comunicar que el golpe de Estado encabezado
por él y sus compañeros de armas contra el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez había fracasado “por ahora”. Esa breve frase dejaba entrever la promesa de los insurrectos de seguir adelante con su agenda por la toma del poder.

Tres años hacía de aquel 27 de febrero de 1989, día en el cual los habitantes de las barriadas caraqueñas habían protagonizado “El Caracazo”, una revuelta popular marcada por los saqueos, cuya magnitud no tenía precedentes en la ciudad. Los disturbios habían sido duramente reprimidos. La causa de la insurgencia anidaba en las medidas neoliberales ensayadas por el Presidente y su equipo de gobierno, atendiendo recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Venezuela, al igual que el resto de los países latinoamericanos, también requería de auxilio financiero agobiada por la crisis de su deuda eclosionada en 1983. En un contexto de disminución de los precios petroleros y estrangulamiento de su proceso industrial, las vías para salir del atolladero no eran muchas. Recurrir al organismo financiero se vislumbraba como la única posible. Fue esta la opción que el gobierno tomó, sin dimensionar el costo político que las medidas recomendadas por ese ente traerían consigo.

Desde entonces, la insurgencia encabezada por Hugo Chávez se ha asociado mecánicamente a tales medidas. Una y otra vez, la insurrección armada se ha presentado como respuesta al récipe neoliberal de Pérez. Sin duda, esa política, en conjunción con El Caracazo, contribuyeron a catalizar la acción golpista. Sin embargo, la gestación del movimiento bolivariano es previa a aquel emblemático año de 1989. Nace en 1983 y, según el testimonio de Douglas Bravo, el legendario guerrillero venezolano de los años 60, recogido por Alberto Garrido, Hugo Chávez se incorpora un año antes al grupo de oficiales que componían el movimiento de resistencia “revolucionario y socialista” que, desde finales de los años 50, venía conspirando dentro de los cuarteles. De acuerdo a dicho testimonio, ese movimiento continuó activo durante las décadas de gobiernos democráticos que siguieron una vez derrocada la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez en 1958. (Garrido, 1999, pag. 28). La actividad confabuladora se manifestó en El Porteñazo y El Carupanazo, dos levantamientos militares contra el presidente democrático Rómulo Betancourt. Con el golpe del 4 de febrero de 1992, quedará en evidencia la existencia encubierta por mucho tiempo en los cuarteles de “un río agresivo que no circulaba por la superficie”. Así se expresaría Alberto Arvelo Ramos, un estudioso del fenómeno Chávez en sus orígenes, de la corriente conspirativa que bullía dentro de las guarniciones militares. (en Garrido, 1999, pag. 17).

Esta integración de Hugo Chávez a fuerzas que ya existían dentro del estamento armado, obviamente no sustrae protagonismo al movimiento bolivariano que se fraguó y desarrolló con todo vigor bajo su dirección. Entre 1981 y 1984, Chávez despliega un trabajo de captación de seguidores entre los cadetes y alféreces aprovechando sus funciones como instructor de historia militar de Venezuela. De este modo logra formar una logia (más bien una célula, aclarará más tarde el mismo Chávez) con muy pocos oficiales denominada Ejército Bolivariano Revolucionario 200 en homenaje al bicentenario del natalicio de Simón Bolivar. La “célula” se iniciará juramentándose frente al Samán de Guere, un icónico árbol cuya sombra había guarecido al Libertador.
El juramento, cuyo contenido glosa al que hiciera Bolivar en Roma al comprometerse
con la causa de la libertad, sellará la promesa de los futuros conjurados de romper “las cadenas que nos oprimen y oprimen al pueblo por voluntad de los poderosos” (Marcano y Barrera Tyszka, 2004, pag. 90).

Arvelo Ramos ha informado de la existencia de tres fracciones en el seno del movimiento. Cada una de ellas identificable de acuerdo a su postura valorativa de la democracia. La primera fracción conformada por los desencantados pura y simplemente del estado de cosas reinante; la segunda, compuesta por partidarios de una dictadura militar plena; una tercera, integrada por quienes aspiraban a la construcción de un partido leninista único. Como puede desprenderse, la óptica democrática era exigua en los tres segmentos. Según Arvelo Ramos, Chávez compartía visión con las dos últimas posiciones por razones ideológicas y conceptuales. El patrón que lo guió junto a sus compañeros de aventura fue el de un militarismo que proclamaba la construcción de un “hombre nuevo” a partir de la organización del pueblo en todos los niveles (Arenas, 2007, pp. 159-160). Simón Bolivar, Ezequiel Zamora (el “General del Pueblo Soberano”) y Simón Rodríguez (maestro del Libertador), tres figuras señeras del siglo XIX venezolano, conformarán la trinidad en cuyo pensamiento y acción se inspirará el movimiento desde su primera hora. “El árbol de las tres raíces”, nombre con el cual se bautizó dicha plataforma, constituirá el “sistema ideológico” que nutrirá el “modelo teórico-político” del proyecto. A partir del mismo, los bolivarianos esperaban conducirse hacia su “encuentro pendiente con la historia” (Chávez en Garrido, 2002, pag. 102).

Esa cita con la historia, largamente esperada, preveía la instalación de un gobierno de facto cuyas primeras acciones se estamparon escrupulosamente en los Decretos del 4 de febrero.1 El levantamiento falló, como se ha dicho. Sin embargo, a partir de él, Hugo Chávez alcanzaría una popularidad entre la población pocas veces vista en la historia política del país. Antes de que se cumpliera un mes de la asonada, los periódicos y revistas se llenarían con su estampa y las crónicas sobre su persona y su gesta se agotarían rápidamente. Aprovechando las fiestas de carnaval las madres disfrazarían a sus niños de comandante Chávez; se popularizarían oraciones en las cuales se le invocaba rogándole la salvación de Venezuela y el escarmiento a los corruptos. Corría en manos de la gente la letra de un himno a Chávez que parafraseaba la del himno nacional (Montero, 1994). De esta manera, la mesa estará servida para el inicio de una vistosa carrera política que no se detendrá sino con su muerte. Empero, el instrumento para materializarla no será el de las armas probada ya su inviabilidad. En los años que seguirán al golpe fallido del 92, el emergente líder será convencido por sus mentores de la necesidad de transitar el camino de las urnas, luego de promover con tesón la abstención en las elecciones nacionales y regionales de 1993 y 1995, respectivamente. A pesar de su descreencia en el sufragio y en la democracia liberal2 no le quedará otra opción que la electoral. A ella apostará, con ella vencerá.

El poder, finalmente el poder

Respaldado en la extraordinaria fuerza de su carisma3, Hugo Chávez y su movimiento bolivariano acceden al poder al ganar las elecciones presidenciales de diciembre de 1998. Los “poderosos” a los que refiere el juramento iniciático, tendrán nombre y rostro. Forman parte de las “cúpulas podridas”, como Chávez escogerá llamar a las elites de las viejas organizaciones políticas, Acción Democrática y Copei. Durante la fulgurante campaña que lo aposentará en Miraflores, el palacio presidencial, ha amenazado con su filoso verbo con freir en aceite las cabezas de los adecos4 quienes personifican, mejor que nadie, el pasado que se quiere destruir. De modo que, de entrada, el signo de la confrontación política populista es marcado por el nuevo líder con toda crudeza y nitidez. Como ha señalado Ernesto Laclau (2009, pag. 59): “No hay populismo sin una construcción discursiva del enemigo (…)”.

La oferta de una nueva Constitución y de la puesta en marcha de un proceso constituyente, signó la jornada electoral del candidato Chávez. Con la promesa de trascender la democracia representativa y construir una democracia directa “participativa y protagónica”, fluyó el discurso bolivariano. Desde el momento mismo en que ganó las elecciones el victorioso líder convocaría formalmente a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). El propósito de la misma se enfocaba en la eliminación del sistema vigente a través de un cambio revolucionario, tal como el mismo Chávez lo proclamaría (Blanco Muñoz, 1998, pag. 27). La idea de refundación de la república; de recomienzo nacional, tan presente en los populismos de toda laya, se haría posible a partir del diseño de una nueva Constitución capaz de devolverle la soberanía arrebatada al pueblo por las viejas cúpulas.5 Tal era el sustrato del discurso revolucionario. Una vez elegida la Asamblea, lo que ocurrió en julio de 1999, ésta se arrogó el rol de Poder Constituyente Originario. A partir de allí, el órgano diseñó un cuerpo de estatutos que la convertían en la depositaria de la voluntad popular con mandato para crear un nuevo ordenamiento jurídico y para modificar el Estado venezolano (Arenas, 2015, pag. 35). La ruptura populista había cristalizado.

Siguiendo aquel principio fundador, la Asamblea diseñó un Régimen de
Transición del Poder Público no contemplado en la nueva Carta Magna. A partir del mismo se procedió a nombrar una Comisión Legislativa Nacional conformada por 21 miembros. Diez de ellos fueron cooptados por la ANC; vale decir, sus cargos no fueron producto de elección alguna. El resto provino del seno de la Asamblea. A ese “congresillo”, como se le llamó popularmente a ese cuerpo, se le confió la importante tarea de legislar e intervenir los poderes públicos. Al concluir sus labores la ANC, la casi totalidad de las estructuras del Estado se encontraban tomadas por los nuevos actores políticos obedeciendo su actuación en adelante, según los particulares intereses del esquema político del chavismo.6 La democracia participativa, recién consagrada en la novísima Constitución quedaba así severamente lesionada. Sin duda, la exclusión del resto de los factores políticos del país “sembró la semilla del conflicto político que se ha mantenido en Venezuela durante todo el período de Chávez” (Contreras Alcántara, 2009, pag. 145).
En efecto, el origen de la fuerte polarización que ha monopolizado la escena política venezolana durante las casi dos décadas de gobierno chavista, debe rastrearse allí. Según Ricardo Combellas, uno de los constituyentes miembros7, la creación de ese Régimen tuvo el propósito de orientar el proyecto político chavista al dotar al Presidente del instrumental necesario para ejercer una dictadura constitucional (Arenas, 2015, pag. 39). Con ello, el principio fundamental de separación de poderes en los cuales se asienta la democracia liberal con el fin de contrabalancear los poderes públicos, se desvanecía en Venezuela. Se inauguraba de esta manera el problema que confronta el populismo para “negociar la tensión constitutiva entre los principios republicanos sobre la primacía de las instituciones y el principio populista del pueblo como soberano” (Panizza, 2008, pag. 89). Un balance histórico de esta tensión nos revela como el chavismo y su líder colocaron los principios revolucionarios en nombre del pueblo soberano por encima de los republicanos. El resultado: una desfiguración peligrosa de la institucionalidad nacional.

El proceso constituyente de 1999 resulta hoy de primera importancia para comprender el enorme poder que a lo largo de sus cuatro períodos de gestión, el Presidente Chávez logró acumular. Desde 1958, año en que es derrocada la dictadura de Pérez Jiménez, ningún otro representante del Ejecutivo había sido capaz de concentrar tanto mando. Con prácticamente todos los poderes en sus manos, Chávez desplegó un incansable trabajo por despejar de su camino todos los obstáculos que se le interpusieran en la idea de consolidar la revolución bolivariana a todo trance. Apelando incesantemente a la necesidad de librar al pueblo de la “oligarquía”, el Presidente reprodujo un discurso fuertemente antagonista con sus adversarios políticos a quienes nunca consideró como tales, sino como enemigos: “apátridas”, “traidores”, “oligarcas” a los que había que exterminar. Volverlos “polvo cósmico” como él gustaba decir.

A mediados de 2001, el Presidente recibió poderes especiales por parte de la Asamblea Nacional para gobernar. En el marco de esa habilitación, el Ejecutivo promulgó un conjunto de leyes sin consulta con la sociedad. Tales leyes afectaban muy particularmente a la iniciativa empresarial. Esta acción inauguró un ciclo de protestas de calle y un paro laboral que culminó con violencia y muerte el 11 de abril de 2002. A raíz de este acontecimiento se produjo un golpe de Estado que desalojó del poder al presidente por 48 horas. Durante ese breve período se instaló un gobierno de facto que concluyó con el retorno del mandatario al ejercicio de su cargo por obra de los militares. “El Carmonazo”,8 nombre que recibió tal gobierno provisional, terminó por consolidar aún más, el proyecto bolivariano.

Chávez: “Ya yo no soy yo. Yo soy un pueblo”

¿Quiénes constituyen al pueblo entidad que conforma la última fuente de
autoridad política? Es ésta una pregunta que se hace Margaret Canovan para abrir paso a la discusión sobre quién es el sujeto pueblo. Para esa pregunta no hay respuesta certera
pues, como indica la autora, los contornos, tanto hacia afuera como hacia adentro, de eso que recibe el nombre de pueblo, refleja los conflictos y dilemas que han perturbado y continúan perturbando a las democracias políticas (Canovan, 2005, pag. 3). Por esta razón resulta más conveniente entender la categoría pueblo como una construcción discursiva; como una “relación de posicionalidades construidas; de allí que se necesitan siempre elites que expresen, articulen, descubran y glorifiquen lo que (éstas) consideran como lo popular”, como advierte de la Torre (2008, pag. 16). Para Morgan (2006, pag. 14), “todo gobierno necesita hacer creer en algo (…) hacer creer que el pueblo tiene una voz o hacer creer que los representantes del pueblo son el pueblo” (cursivas del original).

El pueblo del populismo es percibido como “inherentemente correcto” de manera que “su voz es siempre indefectible”. La expresión latina Vox populi, vox Dei la cual quiere trasmitir que la voz del pueblo es la voz de Dios, se acomoda muy bien a esta percepción. Por esta razón, las demandas de los populistas no encuentran límites gracias a que las mismas son expresión auténtica del pueblo. En consecuencia, todas las instituciones deban ser reordenadas en atención de procurar su redención (Ochoa Espejo en de la Torre, 2015, pag. 9). Pero, además, el pueblo del populismo es concebido como una entidad única e indivisible. De allí que el liderazgo populista aspire siempre a la unanimidad y rechace con fuerza el disenso equiparándolo a la traición.

El pueblo es Uno en la voz del líder y es él quien lo encarna. Chávez (2012 a) sintetiza bien esta simbiosis mítica al decir: “Chávez se hizo pueblo. Ya yo no soy yo, yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes (…) Chávez en verdad se hizo pueblo (…)”

Esta certeza existencial del líder populista, explica en muy buena medida los intentos por controlar la sociedad en todas sus expresiones. En efecto, a lo largo de sus periodos de gobierno, el Presidente desplegó un conjunto de esfuerzos destinados a encausar diversas expresiones sociales en la racionalidad de su proyecto. En atención a este cometido el régimen pretendió crear organizaciones paralelas a las históricas en el terreno laboral diseñando una central de trabajadores a la medida, así como en el empresarial fundando y promoviendo agrupaciones de interés económico. Este intento también se manifestó en otros campos como el de la educación, el cultural, el universitario. La sociedad sin embargo, no ha permanecido indiferente frente a esas pretensiones. Una de las fuentes de conflicto a lo largo de estos años, ha sido precisamente esta. En el campo educativo, por ejemplo, se intentó introducir un nuevo curriculum con orientación revolucionaria en el marco del Proyecto Educativo Nacional el cual consiguió fuerte rechazo en la sociedad y en la comunidad educativa en particular. Al margen de este rechazo, el gobierno avanzaría en su afán de encuadrar la educación en los moldes de la revolución bolivariana; sobre todo en la esfera de la educación pública. El ministro de educación Aristóbulo Istúriz diría que: “El nuevo Estado docente busca convertir el sistema educativo en un medio para la formación de los educandos en los valores de la revolución” (Arenas, 2007, pag. 168). El culto a la personalidad ha sido un derivado directo de esa inclinación ideologizante del régimen en materia educativa.
Así, los textos escolares, sobre todo luego del fallecimiento del Presidente, han sido diseñados siguiendo esa orientación al colocar su figura como centro en algunas de sus portadas. La Ministra de educación, para el momento, justificaría el hecho alegando que el “comandante supremo” “fue el autor de los libros” “Él mismo revisaba los contenidos y nos dio la pauta en términos de corrección de imágenes, de revisión de cosas, de datos históricos (…)” (El Universal, 17-11-, 2013).9

El empeño oficial por construir la homogeneidad social y política, también ha alcanzado a los medios de comunicación. El gobierno de Chávez se inició diseñando dos soportes comunicacionales importantes: las largas y frecuentes cadenas presidenciales de radio y televisión, y su maratónico programa dominical ¡Aló Presidente!. Enarbolando la idea de que está naciendo un “hombre nuevo”, Chávez y el chavismo instalaron a través del tiempo, lo que Marcelino Bisbal ha reconocido como un “nuevo régimen comunicativo” en el marco de un modelo de “autoritarismo comunicacional”. Tal modelo se lleva por delante “la memoria del pasado político, la historia del país, su cultura, su identidad y hasta las actitudes de tolerancia y pluralismo (…).” Insiste Bisbal en que “las comunicaciones se volvieron dependientes y subordinadas del poder en una dirección muy distinta (…) de la democracia” (Bisbal, 2015 párrfs. 7 y 10).

Esta visión sobre las comunicaciones se ha visto respaldada en los hechos por un conjunto de acciones dirigidas a diezmar los medios privados y establecer la “hegemonía comunicacional”10 cuya instalación definitiva sigue siendo una apuesta del proceso bolivariano. Los datos demuestran, no obstante, que se ha avanzado considerablemente en ello. Así, según informe de gestión publicado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el órgano estatal que regula las comunicaciones en Venezuela, en 1998 (año en que Chávez gana las elecciones) existían 587 televisoras y estaciones de radio de las cuales 7.5 % eran públicas y 92.5 %, privadas. 12 años más tarde, en 2010, los medios públicos crecieron en un 173%, mientras que los privados lo hicieron en solo 28.7%. Esto sin contar los medios comunitarios controlados por el Estado, los cuales han crecido exponencialmente en los años de revolución. A ello debe agregarse el cierre del canal de TV más antiguo de Venezuela, Radio Caracas Televisión, al cual no se le renovó la concesión en 2007, apropiándose el Estado de la señal y los equipos del mismo, así como la clausura de numerosas emisoras radiales (Figueroa, 2012).

Nacionalismo revolucionario a la orden

El nacionalismo de Chávez no solo asimila la nación al pueblo sino a su propia persona en quien se resume el colectivo sintetizado en los excluidos (Arenas, 2005, pag. 41). En su verbo, nación y pueblo son intercambiables. Pero para que un pueblo se considere nación, debería contar con un proyecto que lo conecte con el futuro, como él mismo Chávez lo percibiría (Eastwood, 2007, pag. 622). Sin embargo, en el discurso bolivariano el futuro siempre será una promesa, un amago de libertad que servirá para alentar,
una y otra vez, la fuerza de sus seguidores en pos de continuar alimentando la saga revolucionaria. Siendo el populismo una expresión de la política moderna en tanto que coloca al pueblo en el centro, por encima de cualquier linaje o aristocracia, como puntualiza Zanatta (2008, pag. 33), el discurso bolivariano, no obstante, mira más hacia atrás que hacia adelante. Es, sobre todo, un discurso del pasado. Poco antes de arribar a la presidencia, Chávez diría: “Yo creo que lo más cercano a nuestra realidad de hoy es la realidad de hace 200 años. Creo que estamos en tiempos de retorno de la historia y de la ideología que se fue perdiendo” (Blanco Muñoz, 1998, pag. 70).

El árbol de las tres raíces al que ya se ha hecho referencia, no fue la primera expresión en el seno de los movimientos de izquierda en Venezuela que apeló a la herencia nacional. El propósito de “nacionalizar” el pensamiento revolucionario la encontramos presente en el trípode ideológico “Marxismo-leninismo-bolivariano” que animó la filosofía del grupo guerrillero que comandaba Douglas Bravo. De acuerdo con Bravo, el objetivo era dotar al abstracto marxismo de contenido nacional, concreto (Bravo en Garrido, 1999, pp. 34-35). De modo que la cuestión identitaria nacional, tan viva en el movimiento bolivariano y en Chávez particularmente, bebe directamente de aquella fuente. Más allá de una doctrina política, el problema para Chávez también lo es el de las identidades nacionales cuyo concepto “está en (la) picota” según sus propias palabras. Frente a esto se pregunta: “¿Cómo oponer las fuerzas de los pueblos a esa pretensión de demolerlas, de aniquilarlas, de pulverizar la identidad nacional?” (Blanco Muñoz, 1998, pag. 108). Gran parte de su legitimidad política tendrá su base en una fuerte retórica nacionalista que encontrará refuerzo en el despliegue de un abanico de acciones tangibles encaminadas a reforzar la nacionalidad. La exaltación paroxística de Simón Bolívar; de su gesta y todo lo que le rodeó en vida (incluso hasta de la nodriza que le amamantó)11; el culto a héroes menos conocidos o nada conocidos como Andresote, un negro cimarrón que dirigió una revuelta contra el Rey en el siglo XVII; la recuperación de nombres originales de lugares como el cerro Ávila, la montaña que bordea toda el área norte de Caracas, por el de Waraira Repano su nominación indígena, son algunas de estas acciones. Aquí solo disponemos de espacio para dar cuenta de algunas entre decenas. Cada uno de estos gestos patrióticos era fijado en un acto litúrgico de cara a la comunidad nacional. En cada uno de esos eventos, Chávez construía su propia legitimación como líder al hacer partícipes de las fiestas a los hombres y mujeres del pueblo que consagraban con su presencia la “nueva religión cívica” de la cual habla Álvarez del Junco para referirse a las formas populistas de incorporación del sujeto colectivo (en de la Torre, 2006, pag. 2).

Estas celebraciones se confundieron con las prácticas oficiales destinadas a glorificar su propia hazaña. El 4 de febrero, día en que se celebra el aniversario del frustrado golpe de Estado, pasó a formar parte de las efemérides patrias con desfiles militares incluidos. En estos eventos, la imagen de Hugo Chávez compartiendo espacio con la del Libertador se convirtieron en paisaje familiar para los venezolanos. A partir de la acción de febrero, Chávez se auto glorificó al igualar la estatura de su proeza con la del procerato histórico nacional.

El discurso de Chávez también ha sido calificado como “fundamentalista laico y patriótico” (Caballero 2000, pag. 104). La intransigencia fue el signo de su verbo cuando de identificar al enemigo se trataba. El nacionalismo chavista ha tenido su envés en el anti-imperialismo. En realidad, parte de la identidad política venezolana se forjó a la luz de la condición de Venezuela como país petrolero y de la defensa del “oro negro” frente al “apetito voraz” de las compañías petroleras norteamericanas por el codiciado mineral. Este imaginario fue muy sólido en Venezuela y lo sigue siendo aún en una parte de la población. De modo que la construcción discursiva del imperio como el principal enemigo del pueblo, contaba ya con una frontera simbólica bastante definida. Chávez la actualizó y, sobre todo, la acentuó. Ante sus seguidores, su discurso mostraba una determinación de acero por defender la “revolución” ante la amenaza extranjera: “Si el imperialismo y sus lacayos pretendieran detener el rumbo de esta revolución (…) haríamos que se arrepintieran por 500 años.” (Chávez, 2012b). Pero la gesta antiimperial no se convocaba solo hacia adentro, sino también hacia la región toda. Al erigirse a sí mismo como el heredero del proyecto libertario inacabado de Bolivar, él se convertiría en el símbolo de la resistencia y el desafío de América Latina hacia el imperio (de la Torre, 2017). Detrás de sus denodados esfuerzos por construir plataformas de integración latinoamericana contestatarias, como el ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), están aquellos principios.

Pero la retórica nacionalista tuvo su correlato en terreno concreto. Luego de su triunfo en las elecciones de 2006 y enrumbado ya en su fórmula del socialismo del siglo XXI, cuyas coordenadas puntualizaremos más delante, el Presidente Chávez adelantó un programa de nacionalizaciones de “áreas estratégicas” de la economía. El mismo se inició con la expropiación de la Owen Illinois, una empresa productora de envases de vidrio con largos años de presencia en el país (El Universal, 26-10-2007). A ésta le siguieron nacionalizaciones en prácticamente todos los ámbitos de la economía. A contra corriente de las tendencias aperturistas del resto de los países latinoamericanos, el gobierno bolivariano decidió pasarle el cerrojo a las puertas de la economía nacional. Empresas de cementos, alimentos, siderurgia, petróleo, banca, papelería, hotelería, electricidad, entre otras, en manos de capital extranjero o con fuerte participación accionaria del mismo, terminaron siendo controladas por el Estado en nombre de la nación. La nacionalización de estas empresas pronto arrojó indicadores negativos para la economía que se tradujeron en escasez de bienes de primera necesidad e inflación. La carga simbólica que las nacionalizaciones tuvieron, no obstante, alimentó la ilusión de soberanía en las bases de apoyo del Presidente. Y también su mito.

El predominio de los sables

El origen cuartelario del Presidente Chávez explica en gran medida el enorme papel que desde los inicios, jugó el estamento armado en su gobierno y lo sigue jugando en el de su sucesor. En efecto, desde su llegada al poder, el Presidente Chávez delegó en los uniformados importantes funciones públicas.12 Más allá de su natural labor de defensa y seguridad, el texto constitucional del 99 institucionaliza la participación activa de la Fuerza Armada en el desarrollo nacional, tal como llamó la atención Sucre Heredia (2004). Ello explica que los militares estuvieran al frente, por ejemplo, de la distribución de alimentos, jornadas de vacunación, educación, entre otras. Estas tareas se ejecutaron en el marco del Plan Bolívar 2000 en los primeros años de gobierno de Chávez. El programa se vio envuelto en un escándalo de corrupción que involucraba a varios generales por lo cual terminó disolviéndose.

Pero la injerencia en la agenda del desarrollo nacional consagrada constitucionalmente se fue deslizando en el tiempo hacia una postura política partidaria por parte del componente militar. De manera que los uniformados comenzaron a identificarse abiertamente como “bolivarianos”, “antiimperialistas”, y “chavistas”. El propio Presidente arengaba a los oficiales llamándolos “chavistas”, “porque el chavismo es el patriotismo (…) si no se es chavista no se es venezolano” (Chávez, 2012c)

No escapa a este giro el protagonismo en el gobierno que pasó a jugar la élite militar que acompañó a Chávez en la intentona golpista. A ello se le sumó la afanosa labor evangelizadora en la revolución que desplegó el propio Presidente en los cuarteles y en la academia militar. De importancia también fue el papel determinante que ocupa el Presidente en los ascensos militares, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Si en el pasado dichos ascensos por disposición constitucional, debían ser negociados entre el Ejecutivo nacional, los partidos políticos con representación en el Congreso y los oficiales, ahora las promociones militares las decidía el Presidente en solitario (Álvarez, 2002, pp 110-114). No enfilarse en el proyecto bolivariano se convirtió así para los oficiales, en una apuesta de alto riesgo para el futuro de sus carreras militares.

Por añadidura, en el nuevo Texto Fundamental desapareció el mandato liberal de sujeción del poder militar al civil, lo que distanció al componente militar de los factores políticos propios del mundo civil, erigiéndose de resultas como una fuerza sin control democrático. Ocurre esto, justo luego de que el país experimentara cuatro décadas de gobiernos civiles consecutivos; el período más largo de civilidad de su historia republicana.

Ampliando su ascendencia sobre el estamento militar, Chávez creó en 2007 la Milicia Popular Bolivariana, un cuerpo armado subordinado absolutamente al Ejecutivo. La estructuración de esa unidad significó, según el Presidente, “un cambio en el concepto de guerra, el cual se aparta del conflicto armado convencional. Es el pueblo en armas, la guerra de todo el pueblo” (en Asociación Civil Control Ciudadano, 2016).

Con el encuadramiento de la Fuerza Armada Venezolana en el interés partidario de la revolución bolivariana, queda de manifiesto uno de los rasgos del populismo: su desprecio por las formas institucionales de la democracia liberal.13

Las formas participativas: ¿democracia protagónica?

Aunque las organizaciones participativas no tienen su punto de partida en Venezuela con el gobierno de Hugo Chávez, es innegable que éste logró colocar en el centro de la agenda pública la necesidad de dar un vuelco a las fórmulas de participación democrática tradicionales.

Con este objetivo, a lo largo de su gestión, se diseñaron e impulsaron esquemas de participación en el marco de lo que el Presidente denominó Poder Popular; entendido éste como “alma, nervio, hueso, carne y esencia de la democracia bolivariana (…) de la democracia verdadera” (Chávez, 2007, pag. 5).

De entre la variedad de modalidades que se implementaron destacan por ser las más promocionadas y de mayor permanencia, los Consejos Comunales y las Comunas. Oficialmente, los Consejos Comunales son espacios creados para “permitir al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social” (Arenas, 2010, pag. 32). Por su parte, la Comuna se constituye como “célula fundamental de conformación del Estado comunal” (Delgado Herrera, 2012, pag. 120), constituyendo una estructura del poder del Estado. Esta concepción de las formas de organización social, revelan un sentido organicista al corte de los sistemas corporativistas autoritarios. Como ha señalado Loris Zanatta (2008, pag 34) “la comunidad populista (…) (refiere) a fundamentos orgánicos. Es una comunidad holística en la cual (…) la ciudadanía del individuo (…) es consubstancial a su completa inmersión en la comunidad”. Héctor Silva Michelena lo refrenda cuando indica que, “se trata de un modelo en el que la organización popular y el bienestar emanan, en verdad del poder del Estado y no de las propias personas u organizaciones autónomas (…) (en razón de lo cual) no existe la sociedad civil” (Silva Michelena, 2014, pag. 29).

Bajo la concepción de que el poder militar es parte del poder popular, fue reformada la Ley de los Consejos Comunales en el año 2009 a fin de militarizar estas entidades a través de su alistamiento como reservistas del ejército. Así, a propósito de la conmemoración de la firma del acta de independencia, el 5 de julio de 2007, 3.264 representantes de los Consejos Comunales desfilaron como reservistas conjuntamente con la Fuerza Armada al grito de “Patria, socialismo o muerte” (García Guadilla, 2008).

Un análisis de cada una de las figuras participativas que el régimen chavista ha instrumentado (Círculos Bolivarianos, Salas de Batalla social, Salas de batalla electoral, Consejos Comunales, Comunas) tienen en común su dependencia de las directrices y orientación que proviene de la cumbre del poder. Todas ellas se vinculan verticalmente con el Presidente de la República y el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, la organización política oficialista. Las salas de Batalla Social, por ejemplo, se convirtieron en Salas de Batalla Electoral formalizando la fusión entre el partido, el gobierno y el Estado propio de los sistemas socialistas históricos (López Maya, 2010, pag. 15).

La experiencia de funcionamiento de los esquemas participativos creados por el régimen chavista, parece dejar claro que los mismos entran en situación de minusvalía al personalizarse la soberanía popular en la figura del líder. Es la voluntad del jefe populista y su partido, la que finalmente expresa y delinea las acciones participativas.

Por otra parte, el Poder Popular y su núcleo fundamental, las Comunas, se instrumentaron explícitamente como mecanismo para alcanzar la sociedad socialista a partir de la cual se promoverían los intereses colectivos por sobre los individuales. Quedaba claro así que las figuras de organización social no enfiladas en esta visión, quedaban excluidas del nuevo Estado Comunal. Esto testimonia lo que Kirk Hawkins concibiera como “insularidad” para referir el aislamiento que las organizaciones “antisistema” originan al crear barreras de contención contra otras organizaciones que no encajan en la razón populista (Arenas, 2011, pag. 134).

Pero la participación tuvo también expresión en las llamadas “Misiones” sociales. A pesar de que éstas no pueden asimilarse a las estructuras organizativas vistas arriba, constituyen sí una forma de hacer partícipes a los sectores más vulnerables de la población del disfrute de la renta petrolera. Ante la posibilidad de ser evacuado de la presidencia tras el referéndum revocatorio solicitado por la oposición, cuyos preparativos comenzaron en el año 2003 el Presidente, auxiliado por el gobierno de Fidel Castro, delineó las Misiones sociales. Éstas se desarrollaron en diferentes áreas como la salud, la educación, la alimentación aliviando las necesidades más apremiantes de los más necesitados. El programa se vio altamente favorecido en su ejecución por los ingentes ingresos petroleros recibidos por el Estado a partir de mediados de 2003 y hasta la desaparición física del Presidente. Sin embargo, al depender de los ciclos del precio del petróleo, su expansión y sostenibilidad se vieron comprometidas. Las Misiones atendieron a la franja poblacional más leal al proyecto presidencial convirtiéndose en mecanismos clientelares y en espacios de proyección de la revolución. Con ellas se sobrepolitizó la acción social pública al partidizar completamente su dinámica. En efecto, nunca antes en Venezuela una política social se había identificado tan estrechamente con una gestión gubernamental ni mucho menos con un líder en particular.

Reformando la Constitución: hacia el socialismo del Siglo XXI.

Influido por sus viejos vínculos con grupos de la izquierda; por Heinz Dieterich,14 uno de sus mentores ideológicos, y por su cercanía y admiración hacia Fidel Castro y su revolución, Hugo Chávez adopta el socialismo como eje de su plataforma de gobierno. A partir de 2005, la apelación al bolivarianismo como sustrato ideológico de la acción oficial pierde fuerza. En la gramática revolucionaria comienza entonces a despuntar el socialismo del siglo XXI aunque bajo la peregrina tesis de que Bolivar y Cristo fueron socialistas. Con la victoria en las elecciones de 2006, el Presidente definitivamente
radicaliza su discurso y afina su agenda de gobierno al paso de lo que dio en llamar los “cinco motores constituyentes”. Tales “motores” debían trabajar alrededor de cinco aspectos como fueron una ley habilitante, educación popular, nueva geometría del poder, poder comunal y reforma constitucional. Importa destacar aquí el referido a la “nueva geometría del poder” pues a partir del mismo se delineaba la creación de las comunas, como núcleos espaciales del Estado socialista comentadas en el aparte anterior. Cada una de esas áreas de acción comportaba la intención de impulsar el socialismo. La última, a partir de la cual se intentaba modificar la Constitución, era quizá la más importante para el interés presidencial. Con apenas 7 años de aprobada, la bolivariana Carta Magna se volvía literalmente un estorbo para el propósito de avanzar en el proyecto revolucionario. El mandatario justificaría la necesidad de los cambios alegando que la oligarquía y la contra revolución se habían infiltrado en el proceso constituyente. La reforma fue gestionada en el transcurso del año 2007, despertando el recelo no sólo de los oposicionistas, sino también de algunas de las bases de apoyo del chavismo. Una de las principales causales explícitas de la aprensión, era la poca claridad con la que el proyecto de reforma presentaba su propuesta de socialismo. Generaba también desconfianza, el tema de la reelección presidencial indefinida con ampliación a 7 años del período de 6 establecido en la Constitución. Aún así, la reforma se sometió a referéndum en diciembre de aquel año siendo rechazada: el socialismo del siglo XXI no resistió el escrutinio popular.

Pero, a pesar de que los comicios no le favorecieron, el Presidente insistió en su proyecto valiéndose de la habilitación que a principios de 2007 le otorgara la Asamblea Nacional valiéndose de la mayoría de la cual gozara su partido. A partir de esas extraordinarias facultades que le fueron concedidas, el Presidente se dedicó a construir una arquitectura “legal”, totalmente al margen del texto constitucional, orientada a implementar lo que le había sido negado en las urnas. En adelante, el socialismo del siglo XXI no se aprobaría: se impondría. Una organización de derechos humanos venezolana, Civilis, elaboró un completo y detallado estudio sobre el ordenamiento jurídico paralelo revelando que en éste se encontraban presentes más de un 80% de los contenidos de la reforma denegada por el voto popular (Arenas, 2015, pag. 46).

Así mismo, el Presiente insistió en lo que probablemente le resultaba más caro: la reelección presidencial. “Venezuela sólo puede ser gobernada por Chávez” llegó a decir en una oportunidad. Así que, en febrero de 2009, apenas 13 meses después de haberse celebrado la consulta, el mandatario volvió a someter a referéndum su propuesta de reelección presidencial indefinida, ganándola esta vez. De acuerdo con Javier Corrales esa victoria se explicaba si tenemos en cuenta que

(…) ninguna institución (era) ya capaz de frenar al Presidente (…): un congreso obsecuente, partidos de oposición fragmentados, un ejército cooptado como nunca, un tribunal copado de ‘revolucionarios’ confesos que no reconoció la inconstitucionalidad de hacer un referéndum sobre un tema que ya había sido derrotado electoralmente (…), un poder electoral parcializado que le permitió al ejecutivo hacer el sufragio de 2009 sin otorgarle financiamiento a la oposición y una burocracia estatal cuya nómina se expandió (…) y que movilizó gente para las urnas. (Corrales, 2009, pag. 70).

Con la reelección asegurada, Chávez echó a andar su proyecto de socialismo. Sin que el significado de este término quedara claro todavía, el gobierno puso en marcha iniciativas de economía social autogestionaria. Tal fue el caso de las Empresas de Producción Social, (EPS), las cuales reemplazaron a las cooperativas, figuras éstas que fueron creadas al principio de su gobierno.15 Dichas empresas estarían guiadas por un régimen de propiedad estatal o propiedad colectiva o combinación de ambas. Esta experiencia desapareció a los pocos años; de ella jamás se volvió a hablar. Y a pesar del gasto y el esfuerzo que la instalación de esta modalidad de economía supuso, el país nunca recibió un balance oficial de su actuación y resultados. Al tiempo que esto ocurría, el Ejecutivo afincaba su actuación contra el sector privado de la economía. Así, durante los 13 años de gobierno del Presidente Chávez, Conindustria, el órgano que agremia a los industriales venezolanos, calculó en 1440 los emprendimientos privados expropiados por el Estado (El Economista, 2013, parr. 3). Al constituir al sistema capitalista y sus representantes como enemigos del pueblo, la misión principal que se planteó el proyecto fue la de eliminarlos.

En el plano económico, Gómez Calcaño epitomiza el socialismo del siglo XXI de este modo:

Se trata de un socialismo de Estado, que pretende controlar, dirigir y supervisar el conjunto de la vida económica y social; a tal fin, el Estado ha ido ampliando su esfera de acción en lo económico, intensificando su control sobre el sector petrolero, las comunicaciones, la producción y distribución de energía, la agricultura y hasta el comercio de productos básicos. Si bien no se ha planteado explícitamente la expropiación completa de los capitales privados, se les rodea de regulaciones cada vez más intensas (…) que tienden a estrechar sus márgenes de decisión hasta el punto de convertir a la propiedad formal de los medios de producción en un poder casi irrelevante frente a la capacidad de presión e intervención del Estado. (Gómez Calcaño, 2015, pp 76-77).

Huelga hablar sobre los resultados de la aplicación de este “modelo”. Basta asomarse a la situación de precariedad que experimenta la Venezuela de estos días. Como ha sostenido Roger Bartra,

después de 1989 los proyectos de construcción de un Estado socialista son una verdadera rareza o un trágico anacronismo (…) el extraño socialismo populista que propone Chávez se conecta con el obsoleto modelo revolucionario cubano. Pero podemos sospechar que tarde o temprano, se desvanecerá. (Bartra, s/f pag. 13)

En el ámbito político, Gómez Calcaño argumenta que el esquema

plantea la construcción de una nueva hegemonía, entendida como la naturalización del modo de vida ‘socialista’ hasta el punto de excluir cualquier proyecto de sociedad alternativo. Pero, dado que al mismo tiempo el régimen valora la legitimidad que le otorga su origen electoral y el funcionamiento formal de las instituciones republicanas, necesita tolerar la existencia de una oposición política y de algunas organizaciones sociales autónomas, a las que, tal como al sector privado, se les rodea de un entramado legal para limitar su acción y se les estigmatiza como ajenos a la voluntad mayoritaria. (Gómez Calcaño, 2015, pag. 77).

IX A manera de cierre: caracterizando al régimen

Chávez fue un líder populista y como tal, desarrolló una estrategia política para acceder y mantenerse en el poder anclado en la dicotomía amigo-enemigo, de la que nunca se desprendió en su casi década y media de gobierno. Tan marcado fue su acento populista que su liderazgo puede compararse cómodamente con el de Juan Domingo Perón en Argentina.

A diferencia de otros analistas quienes sostienen que el rasgo autoritario del gobierno emergió en el transcurso de su mandato como respuesta a los desafíos que le plantearon factores de la oposición, pensamos que la impronta autoritaria marcó desde un principio al proyecto bolivariano. La vía violenta prevista para la toma del poder, así como el programa jacobino modelado en los decretos de gobierno en caso de que el golpe del 4 de febrero resultara victorioso, así lo confirman. A pesar de que Chávez y su movimiento decidieron finalmente enrumbarse por la senda electoral, las prácticas desarrolladas en el espacio constituyente encaminadas a diezmar al “enemigo”, lesionaron severamente el juego político plural. La fuerte acumulación de poder en manos del Presidente así como la colocación de figuras incondicionales del mismo en la cima de los poderes públicos fundamentales, desvirtuó absolutamente la división y autonomía de aquéllos consagrada por la democracia liberal y por la propia Constitución Bolivariana del 99.

El intento por acoplar las diferentes expresiones sociales a la racionalidad del proyecto, reveló una vocación totalitaria que, sin embargo, en virtud de la resistencia que la sociedad opuso y sigue oponiendo,16 no ha podido cristalizar. En atención a esta resistencia, así como a un entorno internacional favorable a la democracia como nunca antes en la historia, el régimen se vio precisado a jugar en el escenario electoral de modo de garantizar su legitimidad política no sólo hacia adentro sino hacia afuera. Pero, la celebración de procesos electorales es un requisito indispensable más no el único que garantiza la vida democrática, mucho más cuando los mismos se convierten en una suerte de cheque en blanco que la sociedad entrega al portador; en este caso el Presidente ganador. Como ha puntualizado Enrique Peruzzotti,

en el modelo presidencialista de populismo las elecciones sirven para confirmar empíricamente que se ha establecido exitosamente un vínculo plebiscitario (…). El acto eleccionario es interpretado en clave decisionista: la elección es vista como la instancia decisiva del contrato representativo, pues representa un pronunciamiento político crucial que no podrá ser sujeto a ningún tipo de desafío o de discusión. Luego de la votación, el electorado debe someterse políticamente al líder. (Peruzzotti, 2008, pp 106 y 109).

13 procesos comiciales victoriosos, sustanciaron a lo largo del tiempo un régimen cuya cabeza se sintió legitimada para gobernar sin contrapesos en nombre de la voluntad popular y contra disidencias de cualquier proveniencia. Mantener esa legitimidad en el tiempo, explica los esfuerzos desplegados por el régimen para minimizar el riesgo que los retos electorales le presentaron. Esto exigió, en primer lugar, asegurar la obsecuencia del árbitro electoral e interponer toda clase de obstáculos al “enemigo”.
Trabas de distinto tipo y tamaño fueron (y siguen siendo) interpuestas por el régimen para impedir la competencia opositora. Desde el uso ventajista de recursos humanos y bienes de la administración pública (dinero, transporte, sedes etc.) a favor de los candidatos oficiales, hasta medidas de inhabilitación por medio de las cuales se anula a los aspirantes opositores sus derechos políticos para competir en la liza electoral y ejercer cargos públicos.17 En algunas ocasiones, cuando el liderazgo opositor logró sortear tales dificultades y alzarse con el triunfo, entonces el gobierno procedió a despojar de competencias el cargo conquistado a través del voto.18

De allí que el gobierno de Hugo Chávez clasificara fácilmente en los moldes de lo que en las últimas dos décadas, se ha conocido como autoritarismo electoral o competitivo. Por éste, una corriente de la politología da cuenta de aquellos regímenes en los cuales la competencia eleccionaria está sometida a una manipulación tan extrema que los mismos no pueden concebirse como democráticos (Schedler, 2004; Levitsky y Way, 2004). Para Levitsky, Venezuela ha sido el caso más prominente en la región andina de este tipo de gobierno (Gómez Calcaño y Arenas, 2013). Teniendo en cuenta que la inclinación totalitaria del proyecto ha sido forzada a contenerse, el mismo ha derivado en lo que Linz ha reconocido como totalitarismo imperfecto (defective totalitarianism) para conceptuar aquel tipo de regímenes que se erigen como una etapa transitoria del sistema político cuya evolución hacia el totalitarismo se ha estancado convirtiéndose en algún otro tipo de régimen autoritario19 (Linz, 2000, pag. 244).

Por otra parte, el tipo de populismo que el presidente Chávez encarnó se aleja de los movimientos de ese género que irrumpieron a principios de los 90 en América Latina. Salvo el coronel Lucio Gutiérrez y el general Lino Oviedo en Ecuador y Paraguay respectivamente, cuyos liderazgos fueron breves y con muy poca trascendencia, todos los líderes que los protagonizaron provenían del mundo civil. El de Chávez, por el contrario, fue un populismo con fuerte sesgo militar, que recuerda al de Juan Velasco Alvarado en el Perú entre 1968 y 1975. La desaparición física del Presidente Chávez en marzo de 2013, no disminuyó esa presencia. Al contrario, la debilidad política de su sucesor, Nicolás Maduro, hizo necesario fortificar el timbre militar. Tal refuerzo ha corrido en paralelo con un endurecimiento de las prácticas antidemocráticas del régimen. Este hecho parece acercarlo a lo que algunos politólogos conciben como autoritarismo hegemónico. Este tipo de régimen se instala cuando la forma autoritaria competitiva pierde la legitimidad que le proporciona la vía electoral20 (Alarcón y Álvarez, 2014, pag. 81). La importante derrota del chavismo en los comicios parlamentarios de diciembre de 2015, así como los sondeos realizados luego de esa fecha, han mostrado claramente que el liderazgo bolivariano no está en condiciones de conservar el poder por medio de elecciones transparentes y competitivas. De allí el llamado al proceso constituyente hecho por Nicolás Maduro en mayo de 2017 sin recurrir a la consulta popular tal como lo establece la Constitución del 99, así como también el enorme fraude cometido por el gobierno al elegir una Asamblea Nacional Constituyente con una votación exigua. Ocuparnos de este tema, sin embargo, excede los requerimientos de este trabajo.

NOTAS

1 Vale la pena detenerse en los decretos que los insurgentes se proponían aplicar, una vez que la conspiración militar del 4 de febrero se consumara exitosamente. Dos tipos de edictos regirían: el del Consejo General Nacional (CGN) como expresión suprema del nuevo estado insurreccional y el de la Presidencia de la República. Ambas modalidades delineaban la acción del Gobierno de Emergencia Nacional que se instalaría de facto. De los 24 decretos diseñados llaman la atención especialmente aquéllos destinados a anular y vaciar las viejas instituciones como el Parlamento, las Asambleas Legislativas y la Corte Suprema de Justicia. A las mismas se las pretendía sustituir por consejos conformados por individuos escogidos a discreción del Consejo General Nacional, órgano éste que se proponía empinar por sobre las instituciones establecidas desplomando de un solo manotazo la república. Merece también nuestra atención el Decreto número 7, a partir del cual se procedería al nombramiento de una Comisión de Salud Pública cuya misión sería “velar por una elevada ética en las funciones que se realicen en cualquier instancia de la administración pública” (Ramirez, Rojas Kleber, 1998, pp 95-128). Las atribuciones de este cuerpo, como nos lo recuerda Arvelo Ramos (1998, pag. 68) hacen recordar al Comité de Salvación Pública instaurado por la Revolución francesa en su período del Terror. Mostraba el mismo la voluntad de los insurrectos de constituirse en una elite auto calificada para “higienizar” el aparato estatal a su voluntad.

2 Apenas un par de años antes de decidirse por su entrada en la liza electoral, Chávez confesaría: “Creo que es el fin de un paradigma, la democracia liberal y su época (…) un gobierno o régimen especial, no puede ser un gobierno producto de elecciones y con acuerdo entre los poderes. Nada que intente superar ese modelo de democracia liberal que para nosotros ya murió, puede provenir de elecciones” (Arenas y Ochoa, 2010, pag. 20).

3 Usamos aquí el término carisma en el sentido que le da Max Weber (1992): como atributo extraterrenal que permite al líder ser apreciado como enviado de Dios.

4 Adeco es el apelativo que recibe en Venezuela quien milita en Acción Democrática, una de las organizaciones partidistas más antiguas del país.

5 En el régimen de Chávez el principio refundacional llegó tan lejos que hasta los símbolos patrios fueron alterados. Venezuela pasó a llamarse República Bolivariana de Venezuela; el escudo y la bandera sufrieron importantes modificaciones en su formato atendiendo a la voluntad del Presidente. Hasta el rostro de Simón Bolívar con el cual Venezuela se familiarizó históricamente en vista de los retratos que se le hicieron en su época, fue modificado mediante un trabajo de exhumación televisada de sus restos y recomposición digital del mismo. Ese nueva faz del Libertador es ahora la oficial.

6 El Comité Nacional Legislativo diluyó al Congreso Nacional y nombró a los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia; también al Contralor de la República, Fiscal General y miembros del Consejo Nacional Electoral.

7 Ricardo Combellas fue electo miembro de la ANC por el Polo Patriótico, una alianza de organizaciones políticas que sirvió de plataforma electoral a Chávez. Combellas, experto constitucionalista, no participó de la etapa final de trabajo de la ANC por no estar de acuerdo con la forma arbitraria en que la misma se manejó durante este período.

8 El título de Carmonazo se debió a Pedro Carmona, presidente de FEDECAMARAS, órgano cúpula del empresariado venezolano, quien encabezó el breve gobierno tras el fallido golpe.

9 Las imágenes del Presidente rodeado de niños con rostros gozosos a quienes lee un libro nos trae a la memoria los textos elaborados en Argentina con las figuras de Juan Domingo Perón y su esposa Evita, con el propósito de inculcar a los escolares la doctrina peronista.

10 El término ha sido utilizado por los mismos personeros del régimen para aludir al estado de control sobre las comunicaciones que se desea en procura de garantizar la pervivencia de la revolución.

11 El culto a Bolivar tiene en Venezuela larga data. El mismo ha constituido auxilio de primera importancia para distintos gobernantes desde el siglo XIX, quienes encontraron en él una fuente de legitimación de sus propias prácticas de poder. No obstante, con el Presidente Chávez dicho culto adquirió cotas nunca vistas.